
Este último martes, se concretó la firma de convenio de formación en Derechos Humanos entre el Tribunal Superior de Justicia y la Secretaría de Derechos Humanos, conforme a la Ley Provincial Nº 10.634.
El acuerdo establece la formación obligatoria en Derechos Humanos para todos los integrantes de la Función Judicial, de todos los niveles y jerarquías, con el objetivo de promoviendo un servicio de justicia más humano, accesible y democrático.
Entre las metas fijadas, se destaca la capacitación del 75% del personal permanente y transitorio en un plazo de 12 meses, la creación de un Registro Público de Cumplimiento y la incorporación de informes de impacto en Derechos Humanos en proyectos judiciales.
Este convenio se suma a la política sostenida en materia de derechos humanos que impulsa el Gobierno de La Rioja, a través de la Secretaría de Derechos Humanos, que articuló en este caso con el TSJ a través de la Escuela de Capacitación Judicial “Joaquín V. González”, en el Año de la Reafirmación Democrática y en el marco de los 50 años del golpe cívico-militar.
Durante el encuentro en el que también se firmaron convenios con diversas universidades, el presidente del TSJ, Dr. Claudio Saúl, destacó que no se trata de favores mutuos entre las partes, sino de un deber social de las instituciones involucradas para abrirse a la comunidad.
Asimismo, subrayó la importancia de la obligatoriedad de la ley de Formación en Derechos Humanos, para que los integrantes de los tres poderes del Estado, en especial de la Justicia, se instruyan y garanticen que estos principios no pasen desapercibidos en la práctica judicial.
Enfatizó que el éxito de estos convenios no se medirá por la cantidad de certificados entregados, sino por la “calidad de las sentencias, de los actos procesales y de la atención a la ciudadanía”, con el objetivo de lograr un servicio de justicia que sea "más humano y accesible".
Por su parte el secretario de Derechos Humanos, Delfor Brizuela destacó que La Rioja es una de las pocas provincias con un plan obligatorio de capacitación en derechos humanos que alcanza a todos los agentes del Estado, lo que constituye una "consecuencia" del compromiso con la memoria del Estado provincial, destacó.
En relación al convenio con el STJ sostuvo: “Esta capacitación permitirá que cada agente judicial incorpore la perspectiva de derechos humanos en su tarea cotidiana, removiendo barreras y garantizando igualdad en el acceso a la justicia”. Finalmente reafirmó el valor de los derechos humanos como pilares constitutivos e inherentes a la vida democrática señalando: “Sin democracia y sin derechos humanos, la convivencia humana se destruye, volviéndonos "lobos unos de otros" en lugar de hermanos.