
La iniciativa apunta a garantizar el acceso al servicio con tarifas adecuadas a las características climáticas, geográficas y socioeconómicas de la región mencionada.
El bloque Justicialista del Senado presentó un proyecto de ley para avanzar en la baja de las tarifas de electricidad en las diez provincias que conforman el Norte Grande con el objetivo de aliviar las cuentas de las familias, los comercios y las industrias, con la consecuente reactivación del consumo.
En una conferencia de prensa, el presidente del bloque Justicialista del Senado, José Mayans, aseguró que con los actuales precios de la electricidad es imposible que “las economías regionales puedan funcionar” y denunció que la población argentina es “víctima de una estafa y de un saqueo” por parte del gobierno nacional.
El formoseño consideró que “el tarifazo” que el gobierno de Javier Milei viene aplicando desde que asumió está “pegando muy fuerte en el costo de vida de las familias” que viven en el Norte Grande, donde las temperaturas promedio en verano superan los 38 grados Celsius.
Se trata de las provincias de Catamarca, Chaco, Corrientes, Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones, Salta, Santiago del Estero y Tucumán.
Mayans sostuvo además que el proyecto presentado se enmarca en un contexto de fuerte atraso salarial en dichas provincias, que impacta directamente en el consumo y la recaudación.
“Hay familias que no pueden pagar la luz; esto golpea a los trabajadores y también a las pymes. Incluso hay quienes se ven obligados a colgarse del servicio”, advirtió.
La iniciativa apunta a garantizar el acceso al servicio con tarifas adecuadas a las características climáticas, geográficas y socioeconómicas de la región mencionada.
Los beneficiarios del régimen serán los usuarios residenciales de bajos ingresos, quienes podrían acceder a una reducción del 50 por ciento, mientras que los usuarios residenciales de ingresos medios tendrán un descuento del 35 por ciento, mismo porcentaje aplicable a las entidades de bien público sin fines de lucro.
En su articulado, la propuesta “no fija topes de kilovatio hora subsidiados por bloque de consumo” y dispone que las reducciones se aplicarán “sobre la totalidad del consumo registrado en cada período de facturación, sin distinción de tramos”.
Además, los aumentos no podrán superar el Coeficiente de Variación de Salarios del INDEC ni el Índice de Precios al por Mayor.
La alícuota del IVA será del cero por ciento para los usuarios y entidades que no cuenten con acceso a la red de gas natural domiciliario, según la normativa.
En cuanto al costo de aplicación, será afrontado por el Fondo Nacional de la Energía Eléctrica (FNEE) y a través del Fondo Subsidiario para Compensaciones Regionales de Tarifas de Usuarios Finales (FCT), con aportes de las empresas distribuidoras de las provincias que integran el Norte Grande.
El proyecto de ley establece que la autoridad de aplicación será el Ministerio de Economía por medio de la Secretaría de Energía, en conjunto con los entes regulatorios de cada una de las provincias.
Entre los fundamentos, se establece el acceso a la energía como derecho humano y se remarca el mandato constitucional de proveer un crecimiento armónico entre las distintas regiones del país y su población.
La propuesta fue presentada por los senadores Lucía Corpacci (Catamarca), Florencia López (La Rioja) y Jorge Capitanich (Chaco) en una rueda de prensa que se realizó en las oficinas del bloque Justicialista de la Cámara Alta. __IP__
También estuvieron presentes la senadora María Teresa González (Formosa), Fernando Rejal (La Rioja), Juan Manzur (Tucumán) y sus pares Alicia Kirchner (Santa Cruz) y Carlos Linares (Chubut), así como el senador mandato cumplido Sergio Leavy (Salta).