El Consejo Federal de la Cámara Argentina de la Construcción formuló un llamado urgente a construir un acuerdo nacional por la infraestructura y, entre las medidas propuestas, destacó la reactivación inmediata de obras paralizadas, la cancelación de deudas, la normalización de fondos específicos como el SISVIAL y el Fondo Hídrico, y la implementación de un programa federal que abarque rutas, ferrocarriles, puertos, energía, agua y saneamiento.

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En vísperas del 147° Consejo Federal de la entidad, que se llevará a cabo el lunes en Rosario, planteó la necesidad de avanzar en esquemas de financiamiento mixto que integren al sector privado, impulsar créditos hipotecarios accesibles, promover el empleo formal y mejorar la transparencia en la ejecución de obras, según pudo establecer la Agencia Noticias Argentinas.

“El mensaje es claro: la infraestructura no puede seguir siendo una variable de ajuste”, enfatizó.

Para el sector, la construcción no solo es un motor económico, sino una herramienta central para el desarrollo social, la inclusión y la proyección de futuro.

La advertencia final es directa: sin un plan de infraestructura sostenido y consensuado, Argentina no podrá crecer.

 

Obras por peaje

En esa dirección, el Gobierno nacional acaba de otorgar a nueve provincias la facultad de gestionar y licitar el mantenimiento de tramos de rutas nacionales que pasan por sus territorios.

Las jurisdicciones podrán otorgar concesiones de obra pública mediante el cobro de peajes a empresas privadas, mixtas o entes públicos.

Las provincias habilitadas para iniciar estos procesos de administración, reparación y conservación son Corrientes, Santa Fe, Córdoba, San Luis, Mendoza, Río Negro, Neuquén, San Juan y Santa Cruz.

El objetivo de la medida es descentralizar las funciones operativas y permitir que los gobiernos locales gestionen la infraestructura vial de forma directa.

Si bien CAMARCO valoró el inicio del sistema de concesiones viales como un paso en la dirección correcta, señala que aún existen limitaciones importantes, especialmente en los más de 30 mil kilómetros de rutas que no son concesionables y siguen dependiendo del financiamiento público.

El país pierde alrededor de 25 mil millones de dólares anuales debido a la falta de mantenimiento adecuado en su infraestructura, pondera Camarco.

Este déficit no solo impacta en la seguridad vial, sino que también limita seriamente la inserción internacional y la eficiencia logística.

El documento pone el foco en una “emergencia de la infraestructura”, marcada por obras paralizadas, ausencia de planificación integral y una creciente deuda estructural.

 

Sin inversión no habrá crecimiento

Apoyándose en diagnósticos de organismos internacionales, como la OCDE, subraya que sin una inversión sostenida en este sector, Argentina difícilmente podrá sostener un crecimiento a largo plazo, cuyo desarrollo económico, la competitividad y la calidad de vida está siendo amenazado por la crítica situación actual.

Pone de relieve, asimismo, la deuda del Estado con las empresas constructoras y hace hincapié en tal sentido en la falta de definiciones sobre el mecanismo de pago —incluido el bono anunciado—, que genera incertidumbre y profundiza la crisis financiera de las compañías, alerta.

Señala que el retraso en los pagos no solo pone en riesgo la continuidad de muchas firmas, sino también miles de puestos de trabajo.

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