El rescate de un menor de edad utilizado para ingresar droga al Servicio Penitenciario Provincial, que se conoció el lunes tras una serie de allanamientos simultáneos realizados por la Policía Federal Argentina, abrió una nueva y delicada etapa en la investigación: determinar quiénes operaban desde adentro de la cárcel y quién daba las órdenes.

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Luego de una investigación externa que permitió desbaratar el circuito de ingreso de estupefacientes y sacar al menor de una situación de extrema vulnerabilidad, la causa se trasladó al interior del penal, donde ahora se intenta reconstruir con precisión cómo funcionaba la maniobra y a quién estaba destinada la droga.

Una fuente vinculada con el caso, le dijo a EL INDEPENDIENTE que los investigadores buscan establecer qué personas —o si se trataba de una estructura organizada— le indicaban al menor cuándo y cómo ingresar la sustancia, y si existieron complicidades internas que facilitaron el traslado y posterior distribución dentro de la unidad carcelaria. El uso de un niño para estas tareas marca un punto de extrema gravedad en la causa.

Si bien la intervención de la Policía Federal logró cortar el canal de ingreso de droga, la investigación está lejos de cerrarse. Existen datos concretos aportados por testigos, actualmente bajo análisis judicial, que podrían permitir identificar a los responsables. Sin embargo, hasta el momento no se confirmó oficialmente la participación directa de internos, una línea que continúa siendo evaluada por la Justicia. Fuentes cercanas a la investigación señalaron que el avance de la causa podría derivar en nuevas medidas dentro del penal, en un contexto donde el foco ya no está puesto únicamente en el ingreso de estupefacientes, sino en las responsabilidades penales de quienes pudieron haber organizado o facilitado la maniobra.

La investigación es llevada adelante por la Fiscalía Federal, con intervención del Juzgado Federal, y se mantiene bajo estricta reserva debido a la participación de menores de edad.

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