El expediente estuvo cinco años fuera del Juzgado en préstamo a la defensa del imputado sin que nadie exigiera su devolución. La víctima, hoy mayor de edad, pidió no seguir adelante tras "haber esperado demasiado". El caso vuelve a comprometer a la jueza Virginia Illanes, investigada por el Consejo de la Magistratura por su desempeño en Chilecito.

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El Juzgado de Instrucción a cargo del juez Jorge Jalil ordenó reactivar una causa por abuso sexual con acceso carnal denunciada en 2019 contra un efectivo de Gendarmería Nacional, un expediente que permaneció cinco años paralizado fuera del Juzgado sin ningún tipo de control judicial.

Según pudo confirmar El Independiente, el expediente estuvo desde 2019 en manos de la defensa técnica del imputado, quien lo retiró en préstamo y jamás lo devolvió. Recién volvió al Juzgado cuando el juez Jalil en el marco de una búsqueda que alcanzaría más de mil causas extraviadas o retenidas por estudios jurídicos intimó formalmente su restitución. 

Por las fechas, fuentes judiciales confirmaron que esta causa habría estado bajo la responsabilidad de la jueza Virginia Illanes Bordón, hoy cuestionada y con actuaciones elevadas al Consejo de la Magistratura por presuntas disfuncionalidades graves en su juzgado.

La retención del expediente durante cinco años sin requerir su devolución y sin impulsar la investigación aparece ahora como un dato que podría agravar su situación institucional.

La víctima pidió no continuar

Ya con el expediente nuevamente en sede judicial, el juez Jalil citó a la victima que al momento del hecho era menor de edad para la ratificación prevista por ley. Pero su respuesta fue conmovedora: pidió no continuar, porque ya pasó demasiado tiempo y no quiere volver a revivir el proceso.

Su madre, que esperó justicia durante años, expresó su desesperación. ante autoridades judiciales, por la falta total de avances en el expediente. En su resolución, Jalil recordó que la normativa de protección de víctimas menores impide cerrar o archivar este tipo de causas por el paso del tiempo, porque el agresor no puede beneficiarse de la falta de investigación.

El Ministerio Público Fiscal acompañó esa posición, señalando que la demora en la persecución penal no puede trasladarse como un privilegio al acusado.

Este caso no es aislado. Formaría parte del universo de más de mil causas que quedaron fuera del juzgado sin control, algunas de ellas vinculadas a delitos graves.

La pérdida, retención o falta de devolución de expedientes judiciales deja sin valor registros, interrumpe cadenas de custodia y vulnera el derecho de las víctimas a un proceso oportuno, le dijo una fuente judicial a este medio. Jalil destacó en su resolución que el cuidado de los documentos es un deber que no puede delegarse, ya que de ello depende que un hecho grave pueda investigarse.

Aunque la responsabilidad penal del imputado deberá analizarse si la victima finalmente lo permite, el caso ya generó una derivación inevitable: se sumaría como antecedente al proceso disciplinario que enfrenta la jueza Illanes, hoy bajo la lupa del Consejo de la Magistratura por irregularidades severas en su gestión.

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