La jueza de instrucción Nº 3 dictó la prohibición de salida del país para cuatro personas imputadas por estafa especial en perjuicio de ex trabajadoras del comercio "El Almacén de la Alegría".

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La jueza María Eugenia Torres, titular del Juzgado de Instrucción Nº 3,  ordenó la prohibición de salida del país para los cuatro imputados en la causa por presunto “desbaratamiento de derechos acordados”, denunciados por cinco ex empleadas del desaparecido comercio de cotillón “El Almacén de la Alegría”.

La medida –confirmada por el expediente judicial- alcanza a Nora Isabel Franchino, Alicia  Franchino, María Eugenia Franchino y Franco Darío Gelsi Alvarez, quienes deberán permanecer a derecho hasta que se resuelva su situación procesal.

La decisión se tomó luego de que el Ministerio Público Fiscal promoviera formalmente la acción penal y señalara la existencia de un posible “entramado fraudulento” destinado a evitar el pago de indemnizaciones y eludir obligaciones laborales.

La defensa busca frenar el avance del expediente

Las indagatorias ya habían sido fijadas en dos oportunidades, pero ambas fueron  suspendidas. Inicialmente, la defensa alegó superposición de audiencias y, días después, presentó una excepción perentoria de falta 
de acción penal, que ahora deberá ser resuelta.

Para el abogado de las denunciantes, Sergio Gómez, el planteo no reúne los requisitos legales para prosperar: “La falta de acción sólo procede cuando es evidente la inexistencia del delito, y acá no se da esa situación.

Este recurso es una maniobra dilatoria que prolonga innecesariamente el 
sufrimiento de las víctimas”. Gómez advirtió que, entre el trámite y una eventual apelación, el planteo podría demorar entre seis y ocho meses el avance del caso.

Sin embargo, sostuvo que la  estrategia defensiva “no evita el fondo del 
asunto”. “Tarde o temprano van a tener que comparecer ante la Justicia. No permitiremos que la ley se transforme en un refugio para la impunidad”, dijo Gómez. 

El origen de la causa

Las cinco trabajadoras denunciaron que, tras el cierre del negocio “El Almacén de la Alegría”, nunca se abonaron sus indemnizaciones. Según la presentación fiscal, se habrían concretado maniobras destinadas a despatrimonializar bienes y frustrar los créditos laborales, encuadrando el hecho en la figura de estafa especial por desbaratamiento de derechos.

El expediente continuará ahora con la resolución sobre la excepción planteada por la defensa y la reprogramación de las indagatoria.

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