El Consejo de la Magistratura provincial recibió una presentación formal contra la jueza de Instrucción en lo Criminal y Correccional de la Tercera Circunscripción Judicial, Adriana Beatriz Loureiro, acusada de mal desempeño de sus funciones, demoras injustificadas y desconocimiento manifiesto del derecho penal y procesal penal.

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La denuncia fue presentada por Mirta Argentina Collante, presidenta de la Asociación Civil Madres del Dolor de La Rioja, quien solicitó la apertura del procedimiento de remoción, la formulación de acusación ante el Jurado de Enjuiciamiento y la suspensión preventiva inmediata de la magistrada.

El pedido se sustenta también en antecedentes recientes del Tribunal Superior de Justicia (TSJ). El pasado 9 de septiembre de 2025, mediante los Acuerdos N° 97 y 99, el máximo tribunal resolvió remitir al Consejo de la Magistratura actuaciones que ya investigaban presuntas irregularidades en la actuación de Loureiro.

El TSJ detectó demoras excesivas y falta de resolución en causas de gravedad, entre ellas: Homicidio en grado de tentativa (2019): sin definición procesal del imputado ni cierre de la instrucción. Abuso sexual agravado: expediente paralizado por más de un año sin impulso judicial ni resolución.

El Tribunal concluyó que las irregularidades exceden sus competencias administrativas y disciplinarias, por lo que pidió la intervención del Consejo para determinar la responsabilidad funcional de la magistrada.

Causas emblemáticas y presunta impunidad

La presentación de Madres del Dolor amplía el pedido con un conjunto de expedientes emblemáticos donde se habría evidenciado un mal accionar judicial y omisiones graves por parte de la jueza.

Entre los casos citados figuran:

Homicidio simple (Expte. N° 19.431 – 2020): falta de mérito para ambos imputados, dilación procesal y riesgo de prescripción.

Homicidio culposo (Expte. N° 21.584 – 2023): nulidad de pruebas de alcoholemia, falta de constitución en el lugar del hecho y dirección “por teléfono”. Se señala que el imputado permanece libre pese a incumplir condiciones de excarcelación.

Homicidio en grado de tentativa agravado por femicidio (Expte. N° 18.985 – 2019): inacción judicial durante seis años, con testimoniales y cámaras Gesell tomadas recién después de cinco años.

Lesiones graves agravadas por el vínculo (Expte. N° 906 – 2025): la jueza no habría dado curso al cambio de calificación legal solicitado por fiscalía y querella.

“Un prontuario oscuro”

La denuncia sostiene que el desempeño de Loureiro ha provocado graves consecuencias institucionales y sociales, como la desconfianza pública hacia el Poder Judicial, el desaliento de las víctimas para continuar sus denuncias, y el riesgo de impunidad en delitos graves, entre ellos abusos sexuales infantiles que permanecen sin procesamiento ni elevación a juicio.

“Pedimos su suspensión inmediata porque si sigue en funciones, va a seguir haciendo daño en los juzgados. Ya demasiado daño hizo”, expresó Mirta Collante frente a la sede del Consejo de la Magistratura.

En declaraciones a EL INDEPENDIENTE, la presidenta de Madres del Dolor detalló que los fundamentos de la denuncia se sostienen en “la pésima instrucción, el desgano y la falta de compromiso con las causas. En Chamical ninguna causa llega a juicio, ni de siniestros viales ni de violencia de género. En muchos casos, la jueza no califica como intento de femicidio hechos que claramente lo son”.

“Esperamos que el Consejo cumpla con su función: garantizar que la justicia funcione y destituir a los jueces que incumplen y actúan con mala fe”, enfatizó Collante. La denuncia fue acompañada por pruebas documentales, testimoniales y la solicitud de remisión de los expedientes involucrados.

Dos frentes abiertos

La jueza Adriana Loureiro deberá ahora enfrentar dos procesos paralelos: Las actuaciones remitidas por el Tribunal Superior de Justicia por incumplimiento funcional.

La denuncia presentada por la Asociación Madres del Dolor, que reclama su destitución y suspensión inmediata.

Mientras tanto, el clima judicial en Chamical continúa tenso, con fuertes cuestionamientos de la sociedad civil y de las familias de víctimas, que reclaman una justicia más activa, transparente y comprometida.

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