
El gobernador Quintela fue el primero, hace año y medio, en poner un cartel advirtiendo que la paralización de la obra pública era por el desfinanciamiento ordenado por el recién asumido presidente Milei. Carteles similares aparecieron ahora, en las rutas nacionales, puestas por los gobernadores para denunciar el abandono por falta de mantenimiento de la Nación. Así, el sistema vial nacional entró en crisis y los usuarios en peligro, desprotegidos.
Los poderosos representantes agropecuarios se fueron con las manos vacías del encuentro con el presidente Milei en los primeros días de esta semana. A los clásicos reclamos sobre el dólar, retenciones y economías regionales le sumaron deterioro de la infraestructura vial, desmantelamiento del INTA e INTI, organismos de gran apoyo al agro y la industria y cierre de sucursales del Banco Nación.
La Federación Agraria Argentina fue explícita cuando relató que el libertario les dijo que él se encargaba de la macro y que la micro economía quedaba en manos del sector privado. Se fueron sin esperanzas de “políticas públicas” para el sector. Una muestra más del rol del Estado en la producción.
Si los poderosos piden al gobierno medidas proteccionistas para avanzar qué queda para otros sectores como niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad. Textualmente, la ministra Sandra Pettovello dijo: "No quiero esas políticas de 'vamos a ayudar solo a los ancianos, vamos a ayudar a los niños de 0 a 3'. Yo quiero ayudar a las familias, porque creo que tienen una función que no se puede delegar en el Estado".
Reconociendo que la familia es responsable prioritaria de asegurar el efectivo ejercicio de sus derechos y garantías no se puede desconocer que hay causas comunes a la pobreza, violencia social o intrafamiliar, abuso, negligencia, falta de acceso a salud y educación y discriminación que impiden que la familia asuma adecuadamente esa responsabilidad. En esos casos, los organismos del Estado tienen que asistir a las familias, incluso un “voucher”, como anunció Pettovello, es bienvenido porque contemplan que padres, abuelos u otros familiares pasan mucho tiempo fuera del hogar por razones laborales y en ese contexto las infancias, las adolescencias, los adultos mayores y hasta los jóvenes quedan desprotegidos sin que nadie los ayude a ejercer los derechos que les corresponde.
Desprotegidos o eliminados
No faltó un dirigente libertario que sostenga que mejorar los haberes de los jubilados llevará mucho tiempo y dependerá de que los más viejos se vayan muriendo y dejen esos recursos para aumentar haberes a los sobrevivientes. Salió a aclarar que no quiso decir lo que dijo sino que se refería al ciclo de como regulador, pero ya no quedan dudas que las políticas libertarias son del mismo estilo: eliminar a la oposición, perseguir al que piensa distinto y matar jubilados o enfermos para disminuir gastos. Lamentable conclusión para hacer política.
En estos días, continuaron los reclamos de trabajadores, empresarios de la industria nacional, organismos técnicos y científicos, de la salud sin que el gobierno nacional se preocupe por ninguno, salvo todo lo que tenga que ver con la macroeconomía y dentro de esta la especulación financiera. De otra manera no se entiende que tras tantos dólares que ingresaron por préstamos, ahorros y exportaciones ahora anuncien privatizaciones de bienes del Estado.
¿Quién hará nuevas rutas?
Ni el proyecto de los gobernadores, ni las políticas libertarias con la desfinanciación de Vialidad Nacional ni la iniciativa del sector privado o de los vecinos garantizan la construcción de nuevas rutas o el mantenimiento de las actuales.
El enfrentamiento entre los gobernadores y Milei fue precisamente el estado de las rutas nacionales. Vialidad Nacional tenía esa función, a través de la contratación de empresas y para tareas menores a sus propios empleados que en La Rioja no llegan ni a doscientos distribuidos en toda la provincia. A la prevalencia de contratados se sumó el desfinanciamiento en este año y medio y la eliminación reciente del organismo, suspendido tras presentación judicial.
Los gobernadores hicieron aprobar en el Senado una ley para una nueva distribución del impuesto a los combustibles. Aunque falta el tratamiento en Diputados está ley no deja en claro quién tendrá a su cargo la construcción y mantenimiento de la infraestructura vial que se venía financiando con esos fondos. Muy especialmente, las que queden por fuera de las concesiones por falta de rentabilidad. Es cierto que las provincias dispondrán de más fondos, pero no se específica en el proyecto responsabilidades sobre el tema.
Los gobernadores conocen esta situación porque fue advertida por el Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL) que dirige Osvaldo Giordano, ex titular de la ANSeS nombrado por Milei y separado del cargo porque la esposa -diputada nacional por Córdoba- votó en contra de un proyecto del gobierno libertario. Ahora Giordano elaboró este informe, para el Programa de Asistencia al Poder Legislativo que asesora a los legisladores.
Aunque los recursos que demandan los gobernadores considerando que les pertenecen porque se recaudan con el impuesto a los combustibles en todos las provincias han disminuido desde el año 2017, no son poca cosa, ya que se venían distribuyendo en diferentes porcentajes entre las provincias, el Tesoro Nacional, el FONAVI para la construcción de viviendas o urbanización barrial, la ANSeS, obras hídricas, transporte público y la infraestructura para el sistema vial ferroviario, automotor e incluso el de carga. El desafío, si es que gobernadores y gobierno nacional logran dialogar y consensuar, será decidir quiénes y para qué se destinarán.
Ni a YPF protegen
Las políticas de ajuste disfrazadas de ataque a “la casta” cuentan con el apoyo de gran parte del electorado por eso la destrucción avanza a pasos agigantados, tanto que, a veces, el gobierno debe dar marcha atrás porque se perjudica a sí mismo. Es el caso del juicio por YPF que se ventila en Nueva York. El presidente y su gabinete abandonaron las acusaciones contra CFK y Kicillof porque la petrolera junto con el campo son los únicos sectores que aportan dólares frescos y genuinos porque fue estatizada por quienes atacaron.
Además, el juicio es contra el Estado y no contra YPF por lo que no solo salieron a último momento a apelar ante la justicia norteamericana, sino que tuvieron que desmantelar la Procuración del Tesoro Nacional que nuclea a los abogados del Estado encargados de defender bienes y recursos del país por filtración y venta de información sobre YPF a los demandantes. Unos 60 funcionarios fueron removidos, pero sigue como procurador Santiago Castro Videla, ex socio de un abogado contratado como testigo por los fondos buitres que litigan contra Argentina a quien le cabe la regla del conflicto de intereses.
Conflictos de intereses
Otro que quedó sospechado por estar en un conflicto de intereses fue el diputado nacional por La Rioja, Martín Menem, líder de La Libertad Avanza tras publicarse en el Boleín Oficial la pre-adjudicación de un contrato con Tech Security SRL para prestar seguridad al Banco Nación. Esta empresa era del legislador riojano, pero cuando asumió el cargo cedió las acciones a sus hermanos.
El escándalo fue ampliamente difundido por medios de comunicación afines al Gobierno nacional por lo que se sospecha que fue para limitar el poder de los Menem en el armado de listas para octubre. Más allá de esta posible operación mediática, lo cierto es que el contrato es millonario y no se habría cumplido con la declaración jurada sobre parentesco entre los nuevos dueños de la empresa y Martín.
Ser proveedor del Estado y a la vez funcionario o autoridad en el gobierno da lugar a intercambiar favores políticos o económicos. Ese es el caballito de batalla de Martín Menem contra la gestión de Quintela con sus denuncias de connivencia entre proveedores y funcionarios riojanos, una práctica de la que tampoco él escapa, según parece.
Rumbo a octubre
Todavía faltan tres meses para octubre y las internas se aceleraron porque este sábado venció el plazo para presentar listas en la provincia de Buenos Aires, primera batalla electoral decisiva para el futuro del oficialismo y el rol de la oposición.
Ni Fuerza Patria de peronistas, kirchneristas, kicillofistas y massistas logró unidad absoluta. Habrá espacios que vayan por su cuenta a nivel municipios, abriendo la posibilidad de aliarse a opositores en cargos provinciales. La Libertad Avanza no consiguió que sus candidatos encabecen todas las listas, en tanto el PRO y la UCR jugaron un rol secundario.
En La Rioja, solo una tercera oferta electoral, por fuera del peronismo y los libertarios, sigue expresando públicamente su intención de disputar cargos provinciales en Capital y algunos departamentos más dos diputaciones nacionales. Esta tercera oferta aglutina peronistas molestos con el quintelismo y aliados al cordobesismo.
Al gobernador Quintela le quedan muy pocos días para convocar para el 26 de octubre y de ahí en más, la estrategia será delinear un acuerdo favorable entre las justicias electorales, nacional y provincial, para organizar un comicio complejo, a dos urnas y con dos sistemas electorales.