El Juzgado de Instrucción en lo Criminal y Correccional N°1, a cargo de la jueza Dra. Cecilia Córdoba, procesó oportunamente a Pablo Agustín Cortez por el delito de robo. En esta ocasión, la magistrada ordenó la elevación a juicio de la causa, tras la recopilación de pruebas que lo vinculan directamente con el hecho que se le imputa, ocurrido en septiembre de 2023.

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Como se dijo anteriormente, el expediente fue instruido por la Dra. Córdoba, quien resolvió el procesamiento del imputado el pasado 20 de agosto de 2024. Posteriormente, consideró que existían elementos probatorios suficientes para avanzar en el proceso penal, por lo cual determinó elevar la causa a juicio.

El hecho que originó la investigación sucedió el 28 de septiembre del año pasado, cuando un hombre denunció el violento ingreso de una persona a su domicilio, situado en el barrio La Cañada. De allí, el responsable procedió a sustraer varios objetos de valor, incluyendo una motocicleta Zanella ZB 110 cc., una garrafa, prendas de vestir y herramientas varias.

Cabe remarcar que dicho ingreso al inmueble se pudo concretar tras forzar una tranquera y luego la puerta principal del domicilio, la cual era de material de chapa.

Siguiendo esta línea, la investigación incorporó numerosas pruebas de consideración, tales como los registros de las cámaras de seguridad del Centro Integral de Seguridad Ciudadana 911, donde se identificó al acusado conduciendo la motocicleta sustraída. El mismo, circulaba en compañía de un menor de edad, transportando algunos de los elementos robados. Vale resaltar que dichos objetos denunciados por robo, después fueron recuperados por personal policial, tras un siniestro vial protagonizado por el acusado, el mismo día del robo.

Sobre el proceso

Continuando con el informe publicado desde la Justicia, en el marco de esta causa, el imputado, de 35 años de edad, se abstuvo de declarar durante la instrucción. Sin embargo, en dicho reporte destacaron que “el conjunto de pruebas permitió confirmar la hipótesis acusatoria”, motivo por el cual la jueza ordenó su procesamiento por el delito tipificado en el artículo 164 del Código Penal.

Además, el fallo incluyó la imposición de prisión preventiva y el embargo de bienes del acusado por un monto total de 500 mil pesos, con el objetivo de garantizar las costas del proceso, como así también eventuales penas pecuniarias.

Resolución de casos

Para concluir con el informe publicado en la página oficial de la Justicia de La Rioja, se señaló que “la elevación a juicio busca garantizar una resolución definitiva en un caso donde las evidencias presentadas consolidan la acusación contra el imputado”, remarcaron, añadiendo: “Este procedimiento refuerza el compromiso de la Justicia con la resolución de casos que afectan la seguridad de la comunidad”, finalizaron.

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