Se investiga a personas e instituciones que ofrecían a parejas extranjeras un "servicio" para gestar un bebé y entregarlo a cambio de 50.000 dólares. Captaban como madres gestantes a mujeres vulnerables a las que les ofrecían 10.000 dólares. La causa se inició por una mujer alemana de 58 años que se presentó en un hospital de Bonn con una beba de tres meses en pésimas condiciones de salud nacida en Argentina.

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Los sitios allanados el miércoles último de manera simultánea por la Policía Federal fueron cuatro centros de fertilidad de Capital Federal y dos de la ciudad santafesina de Rosario. Allí, las gestantes se hacían los tratamientos de fertilidad y también in vitro. En los procedimientos se fueron a buscar las historias clínicas y los legajos administrativos de pagos. También se hicieron procedimientos en siete escribanías donde se hacían las firmas del consentimiento por parte de las gestantes antes del procedimiento y al momento de producirse el parto. Por ello, se ordenó el secuestro de actuaciones notariales, protocolos y certificaciones de firmas respecto de los casos investigados. Por último, hubo allanamientos en tres estudios jurídicos que aparecen representando a las gestantes o a los comitentes en estos procedimientos.

De la causa se libraron los pedidos por parte de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°12, a cargo de Alejandra Mángano, con la colaboración de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX).

Los procedimientos fueron ordenados por la titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°5, la jueza federal María Eugenia Capuchetti, y se llevaron a cabo el miércoles en forma simultánea con personal las Divisiones Trata de Personas y Ciberdelito de la Policía Federal (PFA).

La investigación se inició en enero pasado y en la maniobra participarían personas y empresas constituidas en el extranjero -con actividades en nuestro país-, a través de lo cual los implicados obtienen importantes ganancias.

“En concreto, las personas humanas y jurídicas contra las que se dirige la investigación difundían sus servicios a través de distintas vías de comunicación en el extranjero, tomando de ese modo contacto con parejas que deseaban tener hijos pero que no podían llevar adelante un embarazo. A estos les ofrecían un ‘servicio’ -que en algún caso, por ejemplo, era denominado ‘Programa Argentina’- con un valor aproximado de U$S 50.000 dólares”, señaló Mángano en el dictamen donde pidió los allanamientos.

La fiscal federal explicó que ese servicio “incluía la selección de la persona gestante, la adquisición los embriones a implantar, el tratamiento en sí mismo, los controles regulares del embarazo y el posterior parto”.

En el mismo dictamen, la fiscal federal Mángano que además es titular junto a Marcelo Colombo de la PROTEX, indicó que “otra cara de este ‘negocio’, es el sistema de reclutamiento de las gestantes, consistente en que las empresas contactaban a mujeres a través de redes sociales, y aprovechando sus necesidades socioeconómicas, les ofrecían la suma de U$S 10.000 (dólares) por llevar adelante la gestación; monto de dinero al que sumaban un ‘plus’ de entre U$S 1.000/2.000 (dólares) si el parto fuera por cesárea”.

Las personas investigadas habrían desplegado con habitualidad “un negocio criminal dedicado a la captación de mujeres, muchas de ellas vulnerables y en condiciones de carencia económica, con la finalidad de ser sometidas a una explotación equiparable a la reducción a la servidumbre”, señala el dictamen.

Desde la fiscalía explicaron que el propósito final de este negocio ilícito era la inscripción registral del niño/a y su posterior entrega. ​​“Todo este sofisticado esquema de negocios se encuentra articulado con el único fin de lograr el nacimiento de un niño o niña para entregarlo a una pareja que en muchos casos era de origen extranjero sin residencia en el país, con quien no tiene ningún vínculo genético, cultural ni social, como se verificó en el ‘caso 1’ que dio origen a la presente investigación”, subrayó Mángano en el dictamen.

​​Las calificaciones penales

​​El Ministerio Público Fiscal consideró que el caso encuadra dentro del figura penal contemplada en el artículo 145 bis del Código Penal (CP) para el delito de trata en tanto que las personas investigadas habrían desplegado con habitualidad “un negocio criminal dedicado a la captación de mujeres, muchas de ellas vulnerables y en condiciones de carencia económica, con la finalidad de ser sometidas a una explotación equiparable a la reducción a la servidumbre”, delito previsto en el artículo 140 del CP y en el inciso “a” del artículo 2 de la Ley 26.842 de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas, mediante la práctica de gestación por sustitución, a cambio de una contraprestación económica y en algunos casos poniendo en riesgo su salud, todo ello con el propósito de obtener cuantiosas ganancias económicas.

También postuló que entra en juego esa figura penal en lo que respecta a la comercialización de los niños y las niñas en tanto este trato implica su reducción a una situación equivalente a la esclavitud (artículo 140 del CP).

Además, en el dictamen se señaló que la compra venta de seres humanos constituye un delito constitucional inserto en su artículo 15 donde los constituyentes previeron expresamente que “todo contrato de compra venta de personas es un crimen del que serán responsables los que lo celebrasen, y el escribano o funcionario que lo autorice”.

El inicio de la investigación

El Consulado de la República Argentina en la ciudad de Bonn de la República Federal de Alemania fue contactado por personal de la Dirección Provincial de Menores del Estado Federado de Sarre, que informó que una mujer alemana de 58 años se había presentado en el hospital de la localidad donde reside y solicitó la atención médica para una niña de tres meses nacida en Argentina, acreditando su filiación con una partida de nacimiento emitida por el Registro Civil de la Ciudad de Buenos Aires y un pasaporte argentino.

"Quedó al descubierto que se trataría de una mecánica empresarial, desarrollada a nivel nacional e internacional, específicamente dedicada a llevar a cabo tratamientos de ‘gestación por sustitución’”, remarcó Mángano en su dictamen.

La funcionaria alemana advirtió que la niña se encontraba en pésimas condiciones de salud y que la mujer que la llevó a la guardia no se encontraba en condiciones de brindarle la atención necesaria, circunstancia por la cual dio aviso a la policía local y le quitó en forma provisoria la custodia de la bebé y la entregó al cuidado de una familia sustituta.

La investigación permitió determinar, por un lado, que el nacimiento de la menor fue inscripto en el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas de Ciudad Autónoma de Buenos Aires al amparo de la Disposición 122/DGRC/20.

También se estableció que el proceso de fertilización fue realizado en una institución médica privada ubicada en la Capital Federal, donde se llevó a cabo el tratamiento de gestación por sustitución y se identificó a la gestante.

“El suceso por el que se inició la causa no resulta ser aislado, por el contrario, quedó al descubierto que se trataría de una mecánica empresarial, desarrollada a nivel nacional e internacional, específicamente dedicada a llevar a cabo tratamientos de ‘gestación por sustitución’”, remarcó Mángano en su dictamen.

147 legajos investigados

Por ello, se realizaron una serie de medidas para establecer la cantidad de nacimientos que se llevaron a cabo, una vez que entraron en vigencia las disposiciones internas 93/DGRC/17, 103/DGRC/17 y 122/DGRC/2022, que habilitaron este tipo de inscripciones en la Ciudad de Buenos Aires en términos preventivos.

Así, se tomó conocimiento de 147 legajos correspondientes a casos de gestación por sustitución llevados a cabo entre 2018 y abril de este año y se advirtió que al menos en 49 de ellos los comitentes presentan características comunes a las del caso que desencadenó el inicio de la investigación.

Se trata de personas extranjeras de distintas nacionalidades; en su mayoría con domicilios de residencia fuera de la República Argentina; en algunos casos se verificó que no habían realizado aportes genéticos; y la mayoría no acreditó el vínculo afectivo con las mujeres gestantes de modo que permitieran inferir que los procedimientos médicos de Técnicas de Reproducción Humana Asistida (THRA) se realizaban de manera directa, con conocimiento previo de las personas sometidas a esta práctica y sin la intermediación de personas que obtienen un beneficio económico de estas prácticas. 

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