La Justicia investiga las causas de la muerte de Zoe Pizarro quien falleció tras permanecer internada en el Hospital de la Madre y el Niño. La familia de la menor acudió a la vía legal ante la sospecha de que existieron demoras determinantes e inacción por parte del personal de salud que la atendió.

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El letrado querellante, Gonzalo Romero, explicó la postura de los allegados tras la autopsia realizada el pasado sábado para establecer con exactitud el origen del deceso. "La familia entiende que hubo una mala atención por parte del personal que intervino en el Hospital de la Madre y el Niño, en cuanto a que se tardaron en internarla y en que intervenga la parte de Pediatría. Estuvo en observación muchas horas y no se acercó un médico hasta que se agravó", afirmó el abogado. 

De acuerdo con el relato del representante legal, la paciente ingresó inicialmente con un cuadro de vómitos y diarrea. En esa primera consulta, los profesionales médicos le recetaron antipiréticos y sales de rehidratación oral. Sin embargo, la medicación no surtió efecto y fue la propia madre quien insistió para que fuera evaluada e ingresada al centro de salud. "Sostenían que no cumplía con los criterios de internación, pero ella se impuso en el marco de su desesperación porque veía que empeoraba. Recién cuando el cuadro se agravó, el 20 de septiembre, intervinieron los pediatras, pasó a terapia intensiva y se intentó contrarrestar los síntomas, pero ya estaba con una afección renal grave que derivó en el desenlace fatal", detalló Romero. 

Uno de los puntos centrales expresados por la querella es la falta de antecedentes médicos en la niña, lo que incrementó la conmoción de sus allegados y de la comunidad educativa a la que asistía. "Era una criatura sana, no tenía ninguna enfermedad de base. Incluso el viernes anterior había asistido al jardín con normalidad y las propias maestras se ofrecieron a testificar sobre su estado de salud previo", remarcó el letrado. 

Actualmente, la causa avanza en la etapa de sumario preventivo con la recolección de pruebas periciales para evaluar el accionar médico y la aplicación de los protocolos correspondientes. El objetivo de la presentación judicial es determinar si existieron fallas o responsabilidades penales en el deber de cuidado. "Lo que me pide la familia es determinar si hay una responsabilidad médica o no. Queremos ver si hubo un error en la apreciación respecto al criterio de internación, si se perdió un tiempo valioso en el que no fue observada por un médico especialista y, si existió una violación al deber de cuidado, individualizar al culpable para que se haga justicia", concluyó el abogado.

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