La demanda contra la provincia presentada hace seis días, -este lunes 23- en los Tribunales de Massachusetts, EEUU, por un sector minoritario de los bonistas que reclaman el pago del préstamo conocido como Bonos Verdes obligó al gobierno riojano a sentar -en un hecho inusitado-, a cuatro ministros y varios funcionarios más frente a los medios para informar que tanto el Banco Rioja como el Parque Eólico que los demandantes pedían embargar están asegurados..

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“Con candado” se podría agregar si se tiene en cuenta el impacto que causó en la comunidad y la amplia repercusión que alcanzó la demanda judicial en el país.

“Descartamos de plano cualquier posibilidad de que el Banco Rioja o el Parque Eólico puedan ser objeto de ejecución”, afirmó el jefe de Gabinete para agregar que “los activos provinciales están a resguardo y no existe posibilidad de ejecución en territorio argentino por el principio de soberanía”. A la vez que denunció una “estrategia jurídico-comunicacional” de los bonistas que se aprovecharon -o ellos mismos difundieron- que tanto el Banco Rioja como el Parque Eólico podían ser vendidos ante la restricción de fondos que sufre la provincia desde la asunción del presidente Milei. Claro que los retrasos comenzaron antes cuando dejaron de pagarse los intereses de deuda y recién en 2024 se oficializó el default con la primera cuota impaga del crédito.

Escasa información

La rapidez con que reaccionó el gobierno provincial, no muy habitual en la estrategia comunicacional oficial, da cuenta de la preocupación que planteó la demanda de los bonistas más allá de que la considere una operación política y mediática. Lo cierto es que, en otras ocasiones, caso de la oportunidad en que ante la Bolsa de Valores pidió una reestructuración de la deuda, se conoció por fuera de los canales habituales de comunicación gubernamental y hubo que apelar a otras fuentes para indagar sobre los detalles de la solicitud.

Es solo un ejemplo de los tantos temas o situaciones en los que el gobierno provincial evitó dar explicaciones públicas, muy necesarias en un contexto social y político, que demanda transparencia y compromiso en el manejo de la cosa pública.

La demora o las restrictivas informaciones que suele brindar el gobierno provincial alimentan un cúmulo de rumores, interpretaciones erróneas, fundamentaciones disímiles sobre hechos oficiales que los ciudadanos, pocas veces por ignorancia y las más para alimentar grietas ideológicas o forzar adhesiones a determinados sectores partidarios, terminan creando más confusión que claridad en cuestiones que pareciera se dan por conocidas.

Un ejemplo es la expansión de un reclamo reiterado de la comunidad: cómo puede ser que La Rioja tenga energía eólica y ahora solar, suficiente para alimentar a la provincia y las boletas de la luz sean impagables. Parece que no es suficiente con que el jefe de Gabinete haya explicado ahora, el proceso de distribución de la energía en el país y quien decide el costo de la tarifa domiciliaria. Es un tema que es necesario reiterar en todo momento y por todos los medios posibles, con alcance masivo entre los consumidores.

Delgado hilo legal

El principio de soberanía que esgrimió el jefe de Gabinete tiene que ver con el derecho internacional por el cual los Estados son soberanos e iguales de modo que el tribunal de un país no puede coaccionar o embargar los bienes de otro Estado, salvo que quien contrajo la deuda acepte ser juzgado en esa jurisdicción como aceptó la provincia para el caso de los Bonos Verdes.

Sin embargo, aún, litigando en el extranjero no es tan fácil la ejecución porque los activos a la vez son considerados inembargables cuando están destinados a funciones gubernamentales que garanticen salud, educación, seguridad en el Estado demandado. Al respecto, los bonistas aseguran que el Banco Rioja y el Parque Eólico no cumplen funciones esenciales, sino que tienen actividades mercantilistas, es decir comerciales que generan recursos propios.

Es la primera vez que La Rioja se enfrenta a una situación como la descripta, pero no pasa lo mismo con Argentina. Uno de los litigios más extenso y reciente lo abordó el gobierno de Cristina Fernández contra un grupo minoritario de “holdouts” o acreedores que se niegan a participar en procesos de reestructuración tras un default o cesación de pagos y buscan cobrar el 100% de la deuda más intereses, mediante litigios judiciales.

Plantearon juicios en diferentes países y se enfrentaron a la férrea defensa legal y soberana que realizó Argentina. También hubo una defensa política de denuncia por parte la expresidenta en cuanto foro mundial asistía con escaso eco porque el orden económico mundial tiende a proteger a los más poderosos.

Fue el nunca bien recordado juez estadounidense Griesa quien falló contra una Argentina que se negaba a pagar intereses usurarios hasta que, en la presidencia de Mauricio Macri se les abonó en tiempo récord -contante y sonante- lo que reclamaban.

El rechazo de los gobiernos peronistas y especialmente de CFK contra los bonistas tiene fundamento en que estos grupos son especuladores financieros que amenazan la soberanía y la economía de los países más pobres comprando deuda defaulteada a bajo precio y litigando luego con intereses exorbitantes. Conocidos como “fondos buitres” litigan contra países vulnerables como ocurrió con varios de Africa e incluso Perú, en América Latina.

“Los bonistas verdes”

En el caso de los Bonos Verdes, también es un grupo minoritario, el 8% del total de bonistas que tienen en su poder la deuda riojana, los que se presentaron en Massachusetts para exigir el embargo de acciones del Banco Rioja y el Parque Eólico. Pero ni los “fondos buitres” ni los “bonistas verdes” son los que otorgaron los préstamos, a Argentina en el primer caso y a La Rioja en el segundo, sino que compraron deuda que tenían otros a bajo precio (el mismo sistema de algunos estudios jurídicos que se hacen cargo de cobrar con intereses usurarios a cuanto deudor común encuentran en el camino).

Otro detalle a tener en cuenta es que los Bonos Verdes, ofrecidos en su momento a La Rioja por un pool de bancos suizos, fue a cambio de ventajas financieras o blanqueo de capitales que obtienen mientras inviertan en proyectos con impacto positivo en el medio ambiente. Después de otorgar el préstamo, vendieron la deuda y tras el default riojano la revendieron.

Y no compra ni litiga cualquiera. Siempre son los mismos. El abogado que representa al minoritario grupo de “bonistas verdes” contra La Rioja es Dennis Hranitzky, el mismo que embargó la Fragata Libertad en la disputa legal con los “fondos buitres” cuando la nave insigne de Argentina se encontraba en el puerto de Ghana. Pretendían apropiarse del buque para cobrarse la deuda, pero el Tribunal Internacional del Derecho del Mar ordenó la liberación inmediata, porque un buque de guerra es símbolo de soberanía y goza de inmunidad de ejecución absoluta, sin importar las deudas financieras del país.

Política, ideología, intereses

En los recientes juicios que enfrentó Argentina en el extranjero no solo interviene el derecho internacional que busca proteger la soberanía de los Estados y sus recursos, también hay intereses geopolíticos e ideológicos. Lo mostró Macri cuando en lugar de oponerse al reclamo de los fondos buitres decidió pagarles, sabiendo que, a propósito, no entran en los acuerdos oficiales de pago de deudas como lo hace la mayoría de los acreedores para luego litigar.  

Volvió a ocurrir, este viernes -aunque no es un caso de “fondos buitres”- cuando a primera hora se supo que la Corte de Apelaciones de Nueva York revocó la sentencia de primera instancia contra Argentina por la expropiación de YPF en 2012, durante el gobierno de Cristina Kirchner. En este caso, hay diversas lecturas. ¿Por qué si todo indicaba que el fallo sería en contra, salió favorable a Argentina? ¿Por qué en los discursos previos, el presidente Milei se mostró contrario a la estatización de YPF y hasta anunció que estaba dispuesto a desmembrarla y privatizarla, ahora salió a defenderla? ¿Acaso Milei abogó ante Trump, más allá de sus ideas libertarias, para revertir el fallo contrario porque YPF estatizada le da los dólares que tanto necesita su gobierno? ¿Hubo apoyo político del gobierno de EE. UU. para cambiar el fallo?

¿Si es necesario este tipo de apoyo para litigar en el extranjero, qué pasará con el juicio iniciado contra La Rioja? Teniendo en cuenta las diferencias entre Milei y Quintela ¿acaso Milei presionará para que salga en contra de La Rioja? ¿Defenderá de un embargo al Banco Rioja y al Parque Eólico que también son patrimonios nacionales?

Responsabilidades

La demanda “verde” como el fallo por YPF serán instancias para actuar con responsabilidad, transparencia y en defensa de los recursos soberanos. El gobierno riojano anunció que responderá legalmente ante la Justicia norteamericano por lo que sería conveniente que presentaciones legales, fundamentos, estudios jurídicos que actúan e instancias judiciales de ambos lados del proceso sean de conocimiento público más cuando se litiga tan lejos.

A nivel nacional, las contradicciones en el discurso que Milei pronunció por cadena nacional, no ayudan a comprender por qué se festejó el fallo. Tampoco reconoce la importancia de una petrolera nacional.

Si no hay una comunicación transparente y profusa se dará la paradoja que La Rioja sacó un préstamo para producir energía “verde” y sin embargo a los riojanos les llegan facturas de luz impagables y en la Nación se defiende YPF, pero la nafta es más cara que en países de la región que no tienen petróleo y se lo compran a Argentina.

 

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