A medio siglo del Golpe de Estado en Argentina de 1976, el análisis histórico permite afirmar que el terrorismo de Estado constituyó una herramienta central para imponer un nuevo modelo económico, social y cultural en la Argentina. Lejos de tratarse únicamente de un régimen represivo, la dictadura cívico-militar desplegó un plan sistemático orientado a disciplinar a la sociedad, reconfigurar la distribución de la riqueza y garantizar las condiciones de acumulación para los sectores concentrados.

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Por Martín Illanez y Gabriel Genri – Universidad Popular La Rioja

Apenas días atrás, el diputado y periodista Carlos del Frade advierte que “el pasado sigue abierto en el presente”. Las cifras de las víctimas permiten comprender el objetivo del golpe: seis de cada diez desaparecidos eran trabajadores y trabajadoras, y una proporción similar tenían solo entre 15 y 25 años de edad. La represión estuvo dirigida a desarticular la organización sindical, destruir la capacidad de resistencia obrera y disciplinar a las juventudes.

Ese disciplinamiento tuvo efectos concretos en la economía. Durante la dictadura, el salario real sufrió una caída abrupta, reduciendo drásticamente la participación de los trabajadores en la riqueza nacional. Mientras en 1974 la distribución del ingreso alcanzaba niveles cercanos al 50% para el sector asalariado —uno de los puntos más altos de la historia argentina—, una década después, tras el paso del régimen militar, esa participación se había desplomado a alrededor del 30%. Esta transferencia de ingresos desde el trabajo hacia el capital constituye uno de los núcleos estructurales del modelo impuesto.

En paralelo, el proceso inflacionario se intensificó y se combinaron políticas de liberalización financiera que erosionaron el valor del peso como herramienta de soberanía económica. La deuda externa se multiplicó de 5.000 a 43.000 millones de dólares, consolidando un esquema de dependencia que condicionaría las décadas siguientes. Este proceso alcanzó un punto clave en 1982, cuando el entonces presidente del Banco Central, Domingo Felipe Cavallo, estatizó la deuda privada de grandes empresas, trasladando al conjunto de la sociedad las obligaciones contraídas por los principales grupos económicos.

La estructura represiva fue el soporte de este programa. Bajo el mando de grandes empresarios argentinos y en articulación con las Fuerzas Armadas, se desplegó una red de más de 880 centros clandestinos de detención, tortura y exterminio en todo el país. Muchos en las propias fabricas o ingenios. Allí se ejecutó un plan sistemático de desaparición de personas, apropiación de niños y saqueo de bienes.

Fue el General Ramón Diaz Bessone, a cargo de la represión en el Litoral argentino, quien en septiembre de 1977 ante la Camára de Comercio de Santa Fe reconoció que el objetivo del golpe fue “defender al capital y la empresa privada”, explicitando la alianza entre aparato represivo y poder económico. 200 empresarios aplaudieron de pie.

Este accionar no fue aislado ni exclusivamente nacional. Formó parte del Plan Cóndor, una estrategia regional de coordinación entre dictaduras sudamericanas para perseguir, secuestrar y eliminar opositores políticos más allá de las fronteras. A su vez, la formación de cuadros militares y de inteligencia estuvo fuertemente influenciada por la Escuela de las Américas, institución señalada por múltiples investigaciones como espacio de capacitación en técnicas de contrainsurgencia, interrogatorio y tortura, bajo la órbita de los Estados Unidos y con vínculos con la Agencia Central de Inteligencia en el marco de la doctrina de seguridad nacional.

El disciplinamiento también fue cultural. La dictadura implementó una política sistemática de censura sobre libros, música, teatro, cine, danza y artes visuales. Se prohibieron obras, se persiguió a artistas y se intentó erradicar toda forma de pensamiento crítico. La cultura fue concebida como un territorio a controlar, en tanto espacio de producción de sentido y de construcción de subjetividad colectiva.

A cincuenta años, la memoria sigue siendo una tarea inconclusa. La reconstrucción integral de lo ocurrido no será posible mientras persista el pacto de silencio de los responsables del terrorismo de Estado. La memoria será completa cuando los genocidas revelen el destino de los 30.000 desaparecidos, cuando informen qué ocurrió con los más de 500 niños y niñas apropiados, y cuando devuelvan los bienes robados a quienes fueron víctimas del secuestro, la tortura, la violación y el exterminio.

La vigencia de los efectos de aquel modelo se expresa hoy en la persistencia de la desigualdad, la concentración económica y el endeudamiento estructural. Como plantea Carlos del Frade, el desafío de la democracia argentina no es sólo sostener la memoria, sino avanzar en la justicia sobre los sectores de poder que impulsaron y se beneficiaron del terrorismo de Estado.

A medio siglo del golpe, la disputa por la historia sigue abierta. Recordar no alcanza: es necesario comprender las relaciones entre violencia, economía y cultura que definieron aquel período y que aún condicionan el presente.

Fuentes:

Intervención pública de Carlos del Frade (2026).

Archivo histórico sobre el Golpe de Estado en Argentina de 1976.

Informes sobre el Plan Cóndor.

Investigaciones sobre la Escuela de las Américas y su vinculación con la Agencia Central de Inteligencia.

Datos del Banco Central de la República Argentina sobre inflación, deuda externa y distribución del ingreso (1974–1984).

Informes de organismos de derechos humanos sobre centros clandestinos, apropiación de menores y delitos de lesa humanidad.

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