El Juzgado de Instrucción en lo Criminal y Correccional N° 2 de La Rioja, dictó el procesamiento y prisión preventiva contra Agustín T. T., como supuesto autor del delito de estelionato, en una causa iniciada a partir de la denuncia formulada por dos ciudadanos que adquirieron un vehículo sin que el vendedor fuera su legítimo propietario.

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De acuerdo a la resolución, el hecho investigado ocurrió el 12 de julio de 2023, en un domicilio del barrio Cardonal de la ciudad Capital. En esa oportunidad, el imputado habría vendido a los denunciantes una camioneta Ford Ranger XLT, año 2016, recibiendo el pago correspondiente, pese a que el rodado no era de su propiedad.

Según consta en la denuncia, los compradores, quienes manifestaron tener un vínculo de confianza previo con el acusado, acordaron la operación bajo el compromiso de que la documentación sería entregada con posterioridad. Sin embargo, tras reiterados reclamos, el imputado habría reconocido que el vehículo pertenecía a un tercero radicado en la provincia de Córdoba y que no contaba con los medios para cancelar la deuda con el titular registral.

En el expediente obra la cédula verde del rodado, donde figura como titular una persona distinta al imputado, así como el boleto de compraventa suscripto entre las partes. También constan las ratificaciones de los denunciantes y demás actuaciones probatorias incorporadas al proceso.

El delito de estelionato, previsto en el artículo 173 inciso 9° del Código Penal, se configura cuando una persona vende, arrienda o grava un bien ocultando que no le pertenece o que se encuentra afectado por una situación jurídica que impide su libre disposición, induciendo en error al adquirente.

Al analizar los elementos reunidos, el magistrado consideró que existen indicios suficientes sobre la probable responsabilidad penal del imputado, por lo que dispuso su procesamiento con prisión preventiva, confirmando la medida cautelar que ya se encontraba vigente.

Asimismo, se ordenó trabar embargo sobre bienes del acusado hasta cubrir la suma de $3.500.000, a fin de garantizar eventuales responsabilidades pecuniarias y costas del proceso. 

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