La Rioja marcó precedente en el país tras el ataque a las pensiones por discapacidad
El intento del Gobierno nacional de recortar pensiones por discapacidad encontró en La Rioja un muro de contención que, además, se expresó con contundencia en la Justicia. Así lo hizo saber el Gobierno provincial.
La presentación de un amparo por parte de la Provincia no sólo logró frenar el atropello en el territorio riojano, sino que sentó un precedente jurídico y político que luego sería seguido por otras jurisdicciones, como la vecina provincia de Catamarca.
Muestra de ello fue el anuncio realizado ayer por el presidente Javier Milei -en tono electoral-, en ocasión de presentar el proyecto de Presupuesto 2026 que prevé un incremento en las partidas que van para cada pensionado por discapacidad, al tiempo que puso fin a la judicialización que llevaría adelante en relación a la promulgación de la Ley de Discapacidad, que el Congreso ratificó después de rechazar, justamente, el veto presidencial.
El paso que dio el Gobierno de La Rioja fue mucho más que un recurso legal que resultó favorable. Fue, ante todo, una decisión política de fondo: defender a los sectores más vulnerables frente a un Estado nacional que, amparado en la lógica del ajuste, pretendía avanzar sin medir consecuencias humanas. La Rioja eligió no mirar para otro lado y, con esa acción, marcó el rumbo para quienes entienden que los derechos no se negocian ni se reducen a una variable fiscal, tal como insiste el presidente Javier Milei.
A todas luces, el fallo favorable tuvo un efecto multiplicador: dejó en claro que la Justicia puede convertirse en un contrapeso efectivo frente a las decisiones arbitrarias del Ejecutivo nacional y que la resistencia de una Provincia puede convertirse en motor de defensa colectiva. Lo que ocurrió en La Rioja no fue un hecho aislado; fue el punto de partida de una reacción federal que obligó a Nación a poner un freno.
En tiempos donde la austeridad se presenta como excusa para recortar lo esencial, el antecedente riojano demuestra que la política puede y debe jugar un papel central en la defensa de la dignidad. Porque cuando se trata de los derechos de las personas con discapacidad, no se habla de gasto: se habla de justicia, humanidad y compromiso.
La presentación de un amparo por parte de la Provincia no sólo logró frenar el atropello en el territorio riojano, sino que sentó un precedente jurídico y político que luego sería seguido por otras jurisdicciones, como la vecina provincia de Catamarca.
Muestra de ello fue el anuncio realizado ayer por el presidente Javier Milei -en tono electoral-, en ocasión de presentar el proyecto de Presupuesto 2026 que prevé un incremento en las partidas que van para cada pensionado por discapacidad, al tiempo que puso fin a la judicialización que llevaría adelante en relación a la promulgación de la Ley de Discapacidad, que el Congreso ratificó después de rechazar, justamente, el veto presidencial.
El paso que dio el Gobierno de La Rioja fue mucho más que un recurso legal que resultó favorable. Fue, ante todo, una decisión política de fondo: defender a los sectores más vulnerables frente a un Estado nacional que, amparado en la lógica del ajuste, pretendía avanzar sin medir consecuencias humanas. La Rioja eligió no mirar para otro lado y, con esa acción, marcó el rumbo para quienes entienden que los derechos no se negocian ni se reducen a una variable fiscal, tal como insiste el presidente Javier Milei.
A todas luces, el fallo favorable tuvo un efecto multiplicador: dejó en claro que la Justicia puede convertirse en un contrapeso efectivo frente a las decisiones arbitrarias del Ejecutivo nacional y que la resistencia de una Provincia puede convertirse en motor de defensa colectiva. Lo que ocurrió en La Rioja no fue un hecho aislado; fue el punto de partida de una reacción federal que obligó a Nación a poner un freno.
En tiempos donde la austeridad se presenta como excusa para recortar lo esencial, el antecedente riojano demuestra que la política puede y debe jugar un papel central en la defensa de la dignidad. Porque cuando se trata de los derechos de las personas con discapacidad, no se habla de gasto: se habla de justicia, humanidad y compromiso.
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