La Cámara Tercera en lo Criminal y Correccional, en Sala Unipersonal bajo la conducción de la jueza Sara Alicia López Douglas, dictó sentencia contra Agustín Sebastián Villarroel -conocido como "Papelito" y/o "Bonchi"- quien fue declarado penalmente responsable de dos hechos delictivos cometidos el 28 de septiembre de 2023 en la ciudad Capital.

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Según fuentes judiciales, la primera agresión se produjo alrededor de las 3 de la madrugada, cuando Villarroel interceptó en la vía pública a un adolescente de 13 años. Con la excusa de pedirle la hora, esperó a que el menor sacara su celular y se lo arrebató por la fuerza para luego darse a la fuga.

Horas después, cerca de las 8:30 de la mañana, el padre del adolescente se presentó en el domicilio donde se encontraba el acusado para reclamar la devolución del teléfono robado. Lejos de restituirlo, Villarroel respondió con violencia: lo atacó con un cuchillo tipo tramontina, provocándole una herida que obligó a su internación.

Ante estos hechos, la defensa oficial de Villarroel solicitó la aplicación de un juicio abreviado. El acuerdo fue homologado por la jueza López Douglas tras la aceptación del fiscal José Oliveros Icazatti, la defensora oficial Gabriela Chanampa y el propio imputado, quien admitió su autoría y aceptó la condena.

Como resultado, Villarroel fue sentenciado a tres años de prisión de cumplimiento efectivo. Sin embargo, debido a que ya pesaba sobre él una condena previa de un año y siete meses de prisión condicional por delitos de hurto y tentativa de hurto dictada en 2021 —y que los nuevos hechos ocurrieron dentro del plazo de cuatro años que fija la ley para la revocación—, la jueza unificó ambas penas. La condena final quedó establecida en cuatro años y siete meses de prisión efectiva, conforme a los artículos 58 y 27 del Código Penal.

Además de la prisión, se dispuso que Villarroel continúe alojado en el Servicio Penitenciario Provincial y sea incorporado a un programa de rehabilitación por consumo problemático de sustancias. También se ordenó el decomiso y posterior destrucción del arma blanca utilizada en la agresión, y se dio intervención a la Unidad de Asistencia a la Víctima para garantizar el acompañamiento a las personas damnificadas.

Finalmente, la jueza impuso las costas del proceso al imputado y fijó los honorarios de la defensa técnica. La sentencia fue aceptada por todas las partes y quedó firme.

 

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