El bloque de Unión por la Patria, presentó en la Cámara de Diputados de la Nación el expediente fundamentando el pedido de juicio político al presidente Javier Milei, por mal desempeño y posible comisión de delitos en el ejercicio de sus funciones.

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La bancada que preside Germán Martínez lo había anticipado en conferencia de prensa. Hoy oficializó la presentación mediante la cual piden “Promover el proceso constitucional de juicio político contra el Presidente de la Nación, Javier Milei, por mal desempeño y posible comisión de delitos en el ejercicio de sus funciones, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 53 y concordantes de la Constitución Nacional”.

 

Desde el Bloque de Unión por Patria impulsan el procedimiento constitucional de juicio político previsto en los artículos 53, 59 y 60 de la Constitución Nacional contra el Presidente de la Nación, Javier Milei, “debido a graves hechos que configuran causales de responsabilidad política por mal  desempeño y/o eventuales delitos en el ejercicio de sus funciones” señala el proyecto de resolución.

Consideran que “la situación que motiva esta solicitud reviste una gravedad institucional y legal extrema, lo que justifica la activación del mecanismo constitucional de responsabilidad política”. 

El objeto del juicio político contra el Presidente Javier Milei radica en determinar si ha incurrido en mal desempeño en el ejercicio de sus funciones, lo que podría materializarse en un abuso o desviación de poder, en clara violación de los deberes inherentes a la función pública. En particular, la investigación se centra en la promoción de la criptomoneda $LIBRA. Conforme a los hechos denunciados, la evaluación de la conducta del primer mandatario deberá realizarse bajo la óptica del mal desempeño, entendido como una desviación de  poder.

Dentro de este contexto, se torna relevante el análisis del Caso $LIBRA, un episodio en el que el Presidente utilizó su posición de poder para promover la compra de una criptomoneda que supuestamente financiaría proyectos de la economía real, cuando en realidad se trató de una estafa. De esta manera expuso a la ciudadanía a riesgos económicos significativos, comprometiendo además la confianza en la administración pública.

Además, plantean desde Unión por la Patria que “debemos considerar el comportamiento violento, errático e intolerante de Javier Milei en el ejercicio de su presidencia. La ciudadanía ha notado en innumerables ocasiones que el Presidente presenta rasgos que permiten dudar sobre sus aptitudes emocionales para ocupar el cargo. El episodio de la estafa desarrollada con la criptomoneda $LIBRA es la última evidencia en este sentido”. 

Junto a esto, señalan que “primero promociona una inversión, que supuestamente redundará en el crecimiento económico del país y luego, en una entrevista televisada, compara la inversión con el casino o, peor aún, con una ruleta rusa. Los ejemplos disparatados que utiliza el presidente para intentar explicar conflictos o temas de la gestión resulta preocupante”. 

 

Por otra parte, dan cuenta que dada la gravedad de los hechos expuestos en la presentación (que consta de 44 páginas con una pormenorizada cronología, información y datos de lo sucedido en torno al escándalo $Libra) y conforme a la normativa vigente, la conducta del Presidente Javier Milei podría configurar en lo que respecta al mal desempeño en el ejercicio del cargo por promover indebidamente una criptomoneda diseñada desde su origen para  perpetrar una estafa, desviar el poder público y abusar de la autoridad presidencial, intervenir en un posible esquema fraudulento y omitir declarar posibles conflictos de interés y violar la transparencia pública.

Además, una violación a la Constitución Nacional al incumplir el "deber de garantía" presidencial (Artículo 99, inciso 1 de la CN). 6. Violar el principio de legalidad en relaciones comerciales (Artículo 27 de la CN). 7. Transgredir el artículo 36 de la CN sobre delitos contra el Estado; la violación de la ley de Ética Pública, la posible comisión de delitos según el Código Penal, cuya tipificación y eventual sanción deberá ser determinada por la Justicia en el marco del debido proceso penal.

Mencionan como posibles haber supuestamente incurrido en Estafa (Artículos 172 y 173 inc. 16 del Código Penal), en Fraude a la Administración Pública (Artículo 174 del Código Penal), Abuso de Autoridad (Artículo 248 del Código Penal), Negociaciones Incompatibles con la Función Pública (Artículo 265 del Código Penal) y Manipulación Fraudulenta del Mercado de  Activos Financieros (Artículo 309 del Código Penal).

 

 

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