El Gobierno oficializo este lunes la citación a sesiones extraordinarias entre el 20 de enero y el 21 de febrero para debatir la eliminación de las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias-PASO-, los pliegos a la Corte Suprema, y un paquete de proyectos de seguridad.

---

---

El Gobierno envió al Senado la convocatoria a sesiones extraordinarias desde el próximo lunes hasta el 21 de febrero, y luego giró una copia del DNU al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.  

Uno de los temas que el Gobierno abordará es la eliminación de las PASO que se deben realizar en agosto para definir los candidatos que presentarán los partidos políticos en los comicios de octubre para renovar 127 bancas de diputados y 24 del Senado.

Con la formalización de la convocatoria al período extraordinario, Diputados deberá armar una agenda para que las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia traten la reforma electoral, que tiene como punto central la derogación de las PASO

En tanto que, para poder lograr su objetivo el oficialismo debe alcanzar acuerdos con los bloques opositores y por el cual esta semana Francos avanzará con conversaciones, en primera instancia, con los bloques aliados del PRO y la UCR.

En ese sentido, el diputado de la Libertad Avanza, Lisandro Almirón, dijo que "la eliminación de las PASO es fundamental ya que demostraron su ineficacia", aunque no descartó que, si no hay acuerdo con la oposición, se podría analizar en una primera instancia la suspensión de las elecciones primarias. 

Al ser consultado sobre la propuesta de suspender las PASO en lugar de su eliminación, Almirón dijo que el objetivo de "máxima" es eliminarlas y agregó: "Pero necesitamos consensos y, si no se logran los acuerdos, la suspensión sería un instrumento transitorio que podría tener sentido".

La sanción del proyecto de reforma electoral requiere una mayoría agravada de 129 votos en la Cámara de Diputados y 37 en el Senado, con lo cual necesita el respaldo de las bancadas de bloques aliados y de al menos un sector de Unión por la Patria.

También quiere que se aprueben los pliegos a la Corte Suprema de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla.

Además, se incluirá un nuevo proyecto de Ficha Limpia para evitar que puedan ser candidatos electivos los dirigentes condenados en segunda instancia por casos de corrupción que deberá ser enviado por el Poder Ejecutivo.

En cuanto al resto del temario vinculado al paquete de proyectos de Seguridad, la ley Antimafia para combatir el crimen organizado y el narcotráfico, que tiene sanción de Diputados y dictamen de comisión en el Senado, con lo cual se podría tratar en la cámara alta.

Las reformas del Código Penal propuestas en el proyecto sobre crimen organizado se aplicarán en delitos que involucren el narcotráfico, lavado de dinero, de personas, tráfico de órganos, tenencia ilegal de armas y explosivos. 

Una de las modificaciones que se contempla es una pena de 8 a 20 años de prisión o reclusión, por la mera pertenencia a la asociación ilícita que cometa ese delito. 

En ese sentido, se establece que la pena por el delito más grave que le corresponda a quien cometió el hecho también se aplicará a todos los miembros de la organización solamente por pertenecer a ella.

Otro de los proyectos que quiere aprobar el oficialismo es la reforma del Código Procesal Penal sobre Reincidencia para evitar la puerta giratoria de los delincuentes, cuando ya tienen otros procesos por otros delitos. 

En tanto que esta propuesta tiene dictamen de comisión y no se pudo debatir porque estaba incluida en la misma sesión convocada para debatir el proyecto de Ficha Limpia, que no tuvo quórum porque no asistieron legisladores libertarios ni bloques que acompañan al oficialismo. 

En el temario se incluyó  una reforma del Código Procesal Penal para implementar el Juicio en Ausencia que se podría aplicar para los acusados iraníes y libaneses del atentado terrorista a la sede de la AMIA, que tiene despacho de las comisiones de Legislación Penal y Justicia.El proyecto que tiene dictamen

de comisión permitirá juzgar a  funcionarios del gobierno iraní acusados de ser los autores intelectuales y a los libaneses de Hezbolá señalados por haber organizado el atentado que causó 85 muertos.

El juicio en ausencia sólo procederá cuando se hubieran cumplido una serie de requisitos, como por ejemplo que el imputado declarado rebelde, "conociendo la existencia del proceso en su contra no se presentare, no respondiere, no acatare o eludiere los requerimientos de la autoridad judicial".

También si "se hubieren hecho intentos razonables por tenerlo a derecho" durante cuatro meses "desde el dictado de una orden de captura nacional o internacional", sin poder dar con su paradero.

Mientras que la agenda se completa con otra iniciativa de Compensación e Índice de Actualización de Quebrantos que deberá ser enviado por el Gobierno Nacional. 

---

---

---