En un movimiento que ha sacudido los cimientos de la democracia argentina desde 1983, el presidente Javier Milei ha emitido una serie de decretos, sin debatir en el Congreso Nacional, que amplían drásticamente el rol de las Fuerzas Armadas en la seguridad interior.

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Por Gabriel Genri

Los decretos 1107 y 1112/2024, publicados en el Boletín Oficial en diciembre, autorizan a los militares a intervenir en tareas que hasta ahora habían sido dominio exclusivo de las fuerzas de seguridad. Estos cambios han reabierto viejas heridas y suscitado debates sobre el peligro de que el poder militar vuelva a tener injerencia en la política interna. En juego está no solo la seguridad, sino el carácter mismo del sistema político argentino y sus instituciones democráticas.

Desde la recuperación de la democracia, Argentina ha mantenido una clara distinción entre la defensa nacional y la seguridad interna, a fin de evitar que las Fuerzas Armadas, responsables de una dictadura que dejó decenas de miles de desaparecidos, tuvieran poder sobre los asuntos domésticos. La Ley de Defensa Nacional de 1988 prohibía expresamente la intervención militar en cuestiones de seguridad interior, reservando su actuación para casos de agresiones externas. Sin embargo, los recientes decretos de Milei han trastocado este paradigma.

El Decreto 1107/2024 permite a las Fuerzas Armadas custodiar "objetivos estratégicos", una definición vaga que podría incluir desde infraestructuras críticas hasta sectores de la economía o incluso manifestaciones sociales. Esta ambigüedad ha sido uno de los puntos más criticados por especialistas en derecho y seguridad, quienes temen que la medida abra la puerta a la intervención militar en protestas sociales o movimientos sindicales, una táctica recurrente en las dictaduras militares de América Latina durante el siglo XX.

Por su parte, el Decreto 1112/2024 amplía el concepto de "amenaza externa", incluyendo no solo la posibilidad de ataques de otros Estados, sino también la intervención ante organizaciones terroristas, transnacionales, o "organismos paraestatales extranjeros". La definición de estas amenazas, nuevamente, parece amplia y sujeta a interpretaciones flexibles, lo que ha generado inquietud entre activistas de derechos humanos.

"Estos decretos son un retroceso peligroso que nos acerca a la posibilidad de ver a militares en las calles, actuando contra la ciudadanía en nombre de la seguridad nacional", señaló Carlos Pisoni, integrante del colectivo H.I.J.O.S., una organización dedicada a la memoria de las víctimas de la dictadura. "Es una traición a la historia democrática de este país".

Las organizaciones de derechos humanos no son las únicas que han expresado su preocupación. Expertos en seguridad y académicos coinciden en que la militarización de tareas de seguridad interior es una pendiente resbaladiza que podría llevar a la erosión de las libertades civiles. En particular, señalan el riesgo de que las Fuerzas Armadas terminen desempeñando funciones policiales, algo que históricamente ha resultado en violaciones de derechos humanos en contextos de represión social.

A pesar de las críticas, desde el gobierno, la justificación ha sido que el país enfrenta nuevas amenazas que requieren una respuesta “integral y moderna”. Milei y su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, han argumentado que Argentina se enfrenta a retos transnacionales, como el narcotráfico y el terrorismo, que desbordan las capacidades de las fuerzas de seguridad tradicionales. Para ellos, integrar a las Fuerzas Armadas en la lucha contra estas amenazas es "una necesidad impostergable".

El uso de decretos y la erosión del Congreso

No es solo la militarización lo que preocupa a los críticos de Milei. Su reiterado uso de decretos ejecutivos para tomar decisiones clave sin pasar por el Congreso Nacional ha levantado alarmas sobre la concentración de poder en el Ejecutivo, una práctica que contrasta con los principios de la Constitución argentina de 1994, que establece un sistema de pesos y contrapesos. Este sistema es fundamental para la división de poderes y el control democrático en la toma de decisiones

La Constitución argentina establece en su artículo 99, inciso 3, que el presidente puede emitir decretos de necesidad y urgencia (DNU) solo en situaciones excepcionales, y estos deben ser revisados por el Congreso dentro de un breve plazo. Sin embargo, lo que se ha observado bajo la administración de Milei es un uso recurrente de decretos para implementar políticas que alteran profundamente el rol de las instituciones y el equilibrio de poder.

"El uso de decretos por parte de Milei para saltar al Congreso no solo erosiona el proceso democrático, sino que además socava la legitimidad de las instituciones", explica Paula Montero, especialista en derecho constitucional. "Los decretos de necesidad y urgencia están pensados para situaciones extraordinarias, no para reemplazar el rol legislativo. Es una forma de gobernar por decreto que debilita la función representativa del Parlamento".

Desde su campaña, Milei ha expresado su desprecio hacia algunas de las instituciones democráticas, calificando al Congreso como "un obstáculo para el cambio" y sugiriendo que en situaciones de urgencia, el presidente debe actuar sin dilación. Este enfoque centralista ha encendido las alarmas entre los defensores de la democracia constitucional, quienes ven en estas prácticas una amenaza para el orden republicano.

"La Constitución no es solo un conjunto de normas, es un pacto de convivencia democrática", afirma Horacio Verbitsky, un destacado periodista y analista político. "Cuando Milei socava al Congreso con decretos que no pasan por el debate parlamentario, está rompiendo ese pacto. Está concentrando un poder que la Constitución explícitamente distribuye, y eso es peligroso para cualquier democracia".

El legado de las instituciones democráticas y la historia reciente

Desde el retorno de la democracia en 1983, Argentina ha trabajado arduamente para limitar el poder militar y reforzar el papel de las instituciones democráticas. Las reformas constitucionales y las leyes que siguieron a la dictadura fueron diseñadas para evitar cualquier posible vuelta al autoritarismo. La Ley de Defensa Nacional y la Ley de Seguridad Interior de 1992 son ejemplos clave de estas salvaguardas, delimitando claramente el rol de las Fuerzas Armadas y de las fuerzas de seguridad.

Al ignorar los límites impuestos por estas leyes, los decretos de Milei no solo desafían la tradición constitucional argentina, sino que también evocan una peligrosa reminiscencia de los años oscuros en los que las instituciones democráticas fueron cooptadas y la violencia se convirtió en el método para resolver los conflictos internos.

"El legado de la dictadura está presente en la memoria colectiva de Argentina", comenta Eugenio Zaffaroni, ex juez de la Corte Suprema. "Cualquier intento de utilizar a las Fuerzas Armadas en la política interior, aunque sea bajo pretextos legales o de seguridad, despierta temores bien fundamentados de que se repitan los horrores del pasado".

La sociedad argentina se encuentra hoy ante una encrucijada: un gobierno que, bajo el pretexto de enfrentar nuevas amenazas, está tomando medidas que muchos ven como un retroceso en las conquistas democráticas alcanzadas con tanto esfuerzo. El futuro de las instituciones, el Congreso y la propia democracia argentina dependerá, en gran medida, de cómo se respondan estas preguntas en los próximos meses. Lo que está en juego no es solo la seguridad, sino el carácter mismo del sistema político argentino.

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