A los golpes, a los palos
Milei justificó con falacias, el veto a la ley de Movilidad y Aumento para jubilados aprobada por diputados y senadores. Dijo que no era necesaria porque "en dólares, voló el poder adquisitivo de los jubilados".
Luego, en el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que firmó para vetar la ley este lunes 2, sostuvo que el incremento "le cuesta a los argentinos 370.000 millones de dólares y eso arruina la vida a nuestros hijos, nietos y a varias generaciones futuras” y en el discurso en la Bolsa de Comercio de Rosario agregó que los “degenerados fiscales votaron un disparate que implica 62% del PBI de toma de deuda”.
Agrupaciones de jubilados y pensionados marcharon hacia el Congreso, en Buenos Aires, la Policía los reprimió con gases lacrimógenos, golpes y empujones. Así, a los palos, pretendieron acallar las voces de quienes no solo reclaman una mejora en los ingresos, también rechazan las explicaciones fraudulentas del gobierno nacional.
Los economistas salieron de inmediato a explicar por qué el “poder adquisitivo en dólares” voló. Los más cercanos a las políticas libertarias lo admitieron y lo explicaron como producto de un combo de valores del entrecruzamiento de dólares financieros, blue, dólar MEP, turistas etc., con el dólar oficial y los ingresos actuales en la moneda norteamericana del sector. Otros más alejados de la postura del gobierno descartaron que el poder adquisitivo en dólares haya volado.
Los jubilados, no necesitan especialistas en finanzas para saber si, -a valor dólar-, pueden comprar más o menos o si les alcanza para cubrir necesidades. Lo viven a diario, en el supermercado, con las facturas de servicios, en la farmacia o si tienen un poco más de ingresos en “los gustos” que se podían dar (incluso turismo a países exóticos) y que, ahora, no los pueden tener.
La segunda falacia, los “370.000 millones de dólares” que tiene el costo del aumento es todavía más disparatado, tanto que él mismo Milei cuando le preguntaron en cuanto tiempo era ese costo respondió de acá a la eternidad. Más impune, imposible. En cuanto al costo fiscal equivalente al 62 por ciento del PBI del que habló en la Bolsa de Comercio de Rosario cuando se aprobó la Movilidad Jubilatoria, se desmintió a sí mismo, días después, en los fundamentos técnicos del veto, donde se calculó en 1,64% del PBI de este año. El presidente engaña con sus números porque cuenta a favor que las mayorías, se informan en redes sociales y no en el Boletín Oficial, https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/313142/20240902 donde está el Decreto 728/2024 con un porcentaje, 37 veces menor al que había dicho una semana antes.
El Gobierno Nacional insistió en que el aumento a jubilados (17 mil pesos por cabeza) hará insostenible las finanzas públicas ya que no hay financiamiento genuino para sostenerlo, de hecho, acusan a los gobiernos peronistas de sostenerlo con emisión monetaria.
La primera respuesta la dio la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) que mostró que el gasto adicional sería del 0,44% del PBI este año y llegaría al 0,80% el año próximo según cómo se pague el Bono de 70 mil. Algunos especialistas del sector previsional, incluso el ex, titular de la Agencia Nacional de Seguridad Social (ANSES) y actual presidente del IERAL (una consultora liberal), Osvaldo Giordano, descartó un costo fiscal alto. Giordano ocupó el cargo en los primeros meses del gobierno de Milei y se lo considera, un especialista previsional.
Golpes al bolsillo
En principio apareció como casi probable que el veto fuera rechazado en el Congreso, pero nuevos escenarios políticos ponen en riesgo esta posibilidad. El PRO, con Mauricio Macri a la cabeza ya negociaron con Milei la aprobación del veto a cambio de acuerdos empresariales, políticos y personales del ex presidente. Otro riesgo son los gobernadores de las provincias que no transfirieron las cajas previsionales al ANSES. Tienen sistemas jubilatorios propios y Milei no les está mandando los fondos que se acordaron hace años para compensar el costo del pago a jubilados. Además, si el veto es rechazado, se verán obligadas a realizar los mismos aumentos a sus propios afiliados. Esas provincias son Córdoba, Buenos Aires, Chaco, Chubut, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, Misiones, Neuquén, Santa Cruz, Santa Fe y Tierra del Fuego.
Hay que reconocer que el déficit no es nuevo y se incrementará año a año por la prolongación de las expectativas de vida, la falta de trabajo, la evasión en seguridad social y ahora la negativa de los empleadores a hacer aportes previsionales. Por el déficit del sistema, entre 1994 y 1997, la Nación y las provincias acordaron que el Gobierno Nacional se hiciera cargo de las jubilaciones. Once jurisdicciones transfirieron sus cajas previsionales: Ciudad de Buenos Aires, Catamarca, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santiago del Estero y Tucumán. El resto acordó que Nación enviara recursos para cubrirlo. Hoy Milei, no envía esos fondos y a los jubilados de ANSES, los ajusta.
La Rioja, tiene casi 70 mil beneficiarios de jubilaciones y pensiones, más exactamente 68.393, según el informe subido a la web de ANSES a marzo de este año que se puede leer en este link file:///C:/Users/outlet/Downloads/Anses%20I%20Trim%202024.pdf .
Los beneficiarios, entre jubilaciones y pensiones con o sin moratoria son 44.419; las pensiones no contributivas suman 23.774 distribuidas entre incapacitadas, madre de 7 hijos; pensión a la vejez o Pensión Universal al Adulto Mayor (PUAM), ex combatientes de Malvinas, ex Presos Políticos y pensiones graciables. La mayoría en situación de vulnerabilidad social con una prestación equivalente al 70% de una jubilación mínima y en pocos casos, el haber mínimo.
Sin moratoria hay 21.275 jubilados y con moratoria 18.598, este último dato es muy significativo porque en provincias ricas o más grandes, los que se retiran con moratoria superan a los primeros lo que podría explicarse en menos trabajadores en relación de dependencia y mucha evasión de aportes. En La Rioja, a favor, la prevalencia de empleo público que garantiza aportes. Los haberes medios alcanzan los 300 mil pesos y los no contributivos 103 mil muy lejos de la inflación acumulada, de los costos de la canasta de alimentos básicos y sin perspectiva de recomposición.
En ese contexto, la mayoría de jubilados riojanos viven en los límites de la pobreza, salvo los que tengan ahorros, bienes o rentas que mejoren sus ingresos. No se avizora una solución ni a corto ni a largo plazo porque la meta del libertario es déficit cero y el sistema jubilatorio es el mayor gasto del Estado.
Tampoco se avizoran movilizaciones o expresiones de jubilados organizados desde La Rioja. La Regional de la CGT de reciente normalización salió a repudiar el veto por Medios El Independiente a través del dirigente Eduardo Peña tras una reunión con gremios. No anunció movilización activa. De Leonardi reclamó aumento a los activos para mejorar a los pasivos y paros durante las dos semanas que vienen. El Frente Sindical, Político y Social contra el Ajuste y la Represión de la provincia convocó a sindicatos, comisiones internas, movimientos sociales, partidos políticos, sectores independientes, jubilados y cada vez que lo hace pocos se suman en la plaza.
En ese marco de silencio, indiferencia y ¿apoyo al ajuste? ¿resignación?, los riojanos afectados siguen inmovilizados, no precisamente por temor a ser reprimidos con gases o palos. Si recibirán golpes al bolsillo con la consolidación de haberes jubilatorios por debajo de la línea de pobreza.
La CGT nacional anunció una movilización para esta semana en protesta por el veto. Habrá que ver cómo repercute en la provincia. De hecho, coincidirá con paros y reclamos de docentes y gremios de la salud. Todo este panorama no incluye ningún debate, ni del oficialismo ni de la oposición sobre cómo debería financiarse el sistema habida cuenta el déficit que acarrea hace décadas.
Frente político
El frente político riojano al veto está encabezado por el gobernador más el diputado nacional, Sergio Casas, el primero en salir a explicar que se retiraron de la sesión “ante la brutal represión hacia quienes estaban en las afueras del Congreso reclamando por la reforma jubilatoria” y agregó que “para los jubilados, trabajadores y la educación no hay plata, y son los que más están sufriendo el ajuste. Pero para gastar sin rendir cuentas a nadie, espiar y hacer campaña contra opositores los recursos son ilimitados”.
La senadora riojana Florencia López confía en que sus pares sigan apoyando la ley y "no se conviertan en marionetas de Macri y sus amigos” y la diputada Gabriela Pedralli calificó de “vergonzoso el accionar policial contra los jubilados”.
Libertad sin libertad
En la semana el gobierno nacional asestó otro golpe a la convivencia democrática y le puso límites al acceso a la información pública, un derecho por el cual periodistas y cualquier ciudadano podían requerir datos de la gestión oficial. En el rechazo coincidieron oficialistas y opositores y mucho más de los medios de comunicación.
ADEPA que perdió parte de su representatividad en los últimos años y FOPEA que intenta ser neutral, salieron con fuertes críticas a Milei por las graves restricciones impuestas en un contexto que, de por sí, es complicado para obtener información oficial, incluso entrevistas o declaraciones públicas.
La reciente reforma constitucional en La Rioja incorporó el derecho al libre acceso a las fuentes de información. Es cierto que aún es prematuro, pero sin una ley que establezca el procedimiento, va a seguir siendo difícil acceder a datos en los tres poderes del Estado riojano.
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