Organizaciones de la sociedad civil solicitaron al Senado de la Nación que asegure la participación ciudadana efectiva en las audiencias públicas que se realizarán en el marco del proceso de designación de jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

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Ante el anuncio de las audiencias públicas para los días 21 y 28 de agosto, un grupo de organizaciones de la sociedad civil que anteriormente se habían expresado la necesidad de una composición diversa en materia de género en el máximo tribunal, ahora solicitaron que se les garantice la participación ciudadana en las audiencias.

“En este contexto, quienes suscribimos creemos necesario destacar que la participación ciudadana es un derecho humano que robustece el debate y mejora la legitimidad y la calidad de las decisiones públicas. No cabe duda de que asegurar que esta sea real aumenta la confianza pública en el proceso de selección, reduce la sospecha sobre la eventual existencia de “acuerdos de poder” poco transparentes y fortalece la rendición de cuentas por parte de quienes nos representan”, indican.

“Si bien el reglamento del Senado permite que la ciudadanía presente preguntas a los candidatos, los criterios para seleccionar cuáles se formulan efectivamente no son claros.  En este sentido, debe tenerse presente que las audiencias públicas en el Senado pueden convertirse en actos puramente formales, que no permitan una discusión real sobre los antecedentes, la idoneidad, la independencia de los postulantes ni sobre su compromiso con los valores democráticos y los derechos humanos”, advierten

En virtud de eso, enviaron una nota al Senado de la Nación mediante la cual solicitan que la Comisión de Acuerdos garantice la participación directa de la ciudadanía en las audiencias públicas, que se expliciten los criterios para la presentación y selección de preguntas y que se hagan públicas todas las observaciones ciudadanas y los descargos de los candidatos.

“El Senado tiene en sus manos una decisión que impactará en la calidad institucional por las próximas dos décadas. El modo de llegar a ella, entonces, no puede sino ser público, participativo y transparente”, afirman.

Las organizaciones firmantes son Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), Amnistía Internacional, Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), Poder Ciudadano y la Unión de Usuarios y Consumidores.

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