La Cámara Federal porteña levantó la inhibición general de bienes del ex presidente Alberto Fernández en el marco de la causa por presuntas irregularidades en la contratación de seguros de vida para organismos públicos a través del Banco Nación. En sus fundamentos, realizan observaciones a la medida cautelar dictada por el juez Ercolini.

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La medida se dio a partir de un fallo dividido. Los camaristas Eduardo Farah y Roberto Boico dejaron sin efecto la medida que había dispuesto el juez de primera instancia Julián Ercolini. El tercer integrante de la Cámara, Martín Irurzun, votó en disidencia, por mantener la inhibición.

El camarista Farah expresó que “la adopción de una medida cautelar gravosa como la inhibición general de bienes requiere, como mínimo y en principio, que se hubiere convocado a declarar a indagatoria a los imputados, por sospecharse su participación en delitos” junto a esto tuvo en cuenta que “el juez no lo ha decidido; tampoco lo pidió una parte acusadora. Ni se explicó –ni se ve, hoy- alguna circunstancia excepcional que autorice a salir de esa regla. Obviamente, de avanzarse en la instrucción, modificándose el panorama actual, podrá reexaminarse la cuestión”.

El camarista Boico, por su parte, entendió que el juez Ercolini “no ha demostrado cuales son las razones por las cuales considera reunidas las circunstancias excepcionales que habilitan la adopción de una medida cautelar anticipada” y consideró que “el desarrollo de los hechos y el contexto investigativo en que se emitió el fallo revelan claramente que el magistrado acudió directamente a la inhibición general de bienes sin definir siquiera que tipo, nivel y límites tendría cada una de las responsabilidades de las personas físicas y jurídicas comprendidas en la medida”, cuestionó.

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