Corrupción y neoliberalismo
La relevancia y cantidad de denuncias por corrupción que disparan los libertarios mucho tiene que ver con la necesidad del neoliberalismo de imponer una agenda mediática que le permita aplicar políticas de ajuste y sometimiento, especialmente de los sectores sociales vulnerables a aceptar los designios del mercado.
No se puede desconocer que existe y que debe ser sancionada, pero hay denuncias públicas y/o judiciales que no avanzan o son descartadas por falsas. Otras veces, se condena sin pruebas y generalizando responsabilidades a todo un colectivo social o político por la irregularidad de uno solo o se montan campañas contra políticos, dirigentes, provincias o países solo por adherir a políticas de justicia social, derechos humanos o un Estado presente.
El plan neoliberal de Convertibilidad y de privatizaciones encarado por Menem en los 90 obtuvo consenso social tras una formidable campaña contra el Estado, calificado de ineficaz, corrupto y conflictivo. Diez años después, el fracaso del neoliberalismo fue evidente. Aerolínea vendida a Iberia terminó con empleados pagados por el Estado argentino y una sideral deuda entre privados; los ferrocarriles no mejoraron y el sistema desmantelado por falta de inversiones; YPF se vendió a la española Repsol y solo explotó reservas existentes girando dividendos al exterior sin invertir en exploración, por ejemplo.
En 2016, otra vez el neoliberalismo -bajo la presidencia de Macri- inicia una campaña -esta vez con el brazo colaborador de la Justicia- contra la supuesta corrupción de la dirigencia peronista y la ex presidenta CFK terminó siendo condenada con pruebas amañadas y tergiversadas.
Al finalizar el juicio, por “los bolsos de López” quedó demostrado que el dinero no era del Estado y que los dólares de los bolsos salieron del Banco Finansur, vinculado a la empresa IECSA del socio de Macri, Calcaterra, según un informe de la Embajada de EEUU a pedido del Tribunal Oral Federal (TOF 1) que juzgó al ex secretario del gobierno de CFK.
¿Países corruptos?
Hay países señalados como corruptos, caso Venezuela, porque ideológicamente no responde a Estados Unidos y Europa. Mas que combatir la corrupción buscan imponer condiciones para comprarles el petróleo, negocio al que Chávez le puso limitaciones.
En los países de África, entre los más pobres del mundo, las potencias mundiales manipularon su estabilidad política, crearon conflictos internos y acusaron a dirigentes de corruptos; todo a cambio de llevarse los recursos naturales, materia prima con que Occidente se desarrolló. Cuando no había más que extraer, llegaron al continente políticas neoliberales, con supuesta ayuda económica y los dejaron con enormes deudas externas. Recién a comienzos del este siglo, África comenzó un proceso propio de industrialización con activa participación del Estado, sea en servicios o interviniendo directamente en la economía para la asignación de recursos a la industria remodelando así el proceso de desarrollo económico.
Uso político
El neoliberalismo hace uso político de la corrupción contra políticas y organizaciones sociales y eliminación del Estado. La corrupción no es inherente a un modelo económico, o a una ideología, sí a las personas, funcionarios o circunstanciales autoridades que ejercen el poder.
El presidente Milei dijo textual que siente “un profundo desprecio por el Estado. Yo creo que el Estado es una asociación criminal” y con ello arrastró una fenomenal campaña contra las políticas públicas. El ajuste recayó en trabajadores, jubilados, PyMES, la cultura, discapacidades, diversidades sexuales, deportistas, científicos, artistas, etc. Decenas de miles de personas quedaron sin trabajo, sin ayudas económicas, sin becas, sin financiamiento para actividades recreativas o culturales.
Enfrentó a las universidades públicas y las acusó de “hacer negocios turbios y adoctrinar”, reclamó que sean auditadas. Tras una enorme manifestación destrabó fondos sólo para 4 universidades. La UBA, la más grande del país y llamó la atención que entre las cuatro estuviera la Universidad Nacional de La Rioja, provincia a la que no le envía fondos presupuestados. A cambio, el rector Quiroga aceptó de inmediato una auditoría, muy seguro -evidentemente- de que podrá rendir cuentas afrontando así las acusaciones de corrupción. Tenía cinco días para presentar el Manual de Procedimiento de Auditoria en consonancia con los estándares fijados por SIGEN. Lo irónico es que la Sindicatura General de la Nación es el organismo que viene auditando a las Casas de Altos Estudios desde hace tiempo.
Este viernes 17, el presidente libertario se olvidó de las auditorías y la supuesta corrupción y liberó fondos para todas las universidades nacionales- incluso el hospital Clínicas “Virgen María de Fátima”-porque acordó con el bloque de la UCR, aprobar la Ley Bases en el Senado.
Sin nada a cambio
Los que parecen no tener nada a cambio para dar son las organizaciones sociales. Allanamientos, persecuciones, denuncias y discriminación forman parte de una campaña destinada enmarcar a las y los dirigentes y militantes sociales que sostienen comedores, merenderos o centros de ayuda escolar en una red de corrupción para coaccionar a beneficiarios de planes a asistir a las marchas; vender mercadería que les envía Desarrollo Social o a desviar el uso de los fondos. La abogada Rayo Alanís, que representa a los imputados del Polo Obrero, sostuvo que el ministerio hace una campaña mediática. "Los casos no son novecientos, sino doce, y no están probados", aseguró.
Los dirigentes, por su parte, en conferencia de Prensa señalaron que la investigación judicial no tiene sustancia. "Con esta causa va a pasar lo de siempre; es una campaña de difamación para sembrar el miedo, de las acusaciones no va a quedar nada", anticiparon.
Corrupción del poder económico
Los medios de comunicación juegan un papel preponderante en la difusión de las acusaciones creando la necesidad de “hacer justicia” y vencer la corrupción. En coincidencia con el neoliberalismo hacen uso político del tema porque siempre la direccionan hacia lo público, nunca hacia el sector privado, muchos menos a las graves consecuencias de las políticas neoliberales como ocurre en estos momentos con la caída de la actividad económica -un 17,2% en el primer trimestre del año, caída del uso de la capacidad instalada de la industria en un 53,4% y del consumo en supermercados-. A eso hay que sumar la caída de salarios y haberes de jubilados y pensionados más la constante acumulación de despidos, suspensiones y cesantías de trabajadores.
No se puede hacer tabula rasa o déficit cero a costa de millones de personas que caen de la clase media a la baja, de la baja a la pobreza y de la pobreza a la indigencia. ¿No es corrupción acaso que los poderosos grupos económicos sigan teniendo ganancias, más allá de lo que se considera conveniente?, o que a través de la banca financiera sigan fugando divisas o que manipulen variables económicas como tasas de intereses, precios, valor de los dólares, entre otras, siempre en perjuicio del trabajo, el consumo y el ahorro de los argentinos.
Un caso local
La denuncia contra la jueza riojana Mazzuchelli fue muy bien aprovechada por la oposición a Quintela. Fuera de esa circunstancia, la actuación de esta integrante del poder judicial debe ser investigada y sancionada. Además, constituye un fuerte llamado de atención a las autoridades de los tres poderes porque a Mazzuchelli se suman otras denuncias en estos últimos días que involucran al Consejo de la Magistratura. También una advertencia para que el poder político enfrente a las redes sociales plagadas de denuncias -muchas quizás falsas-, pero sin esclarecimiento que aporten datos, fechas, pruebas, explicaciones técnicas y generales, siguen circulando y quedan marcadas como corrupción.
La oposición también es responsable. La provincia tiene organismos de control, con una oposición que, aún en minoría, accede a la gestión de gobierno. El Tribunal de Cuentas, estuvo integrado por la Unión Cívica Radical hasta el 2021. El último fue Ramón Brizuela y Doria, del espacio Vamos La Rioja que lidera la ex intendenta Inés Brizuela y Doria y que formó alianza con Juntos por el Cambio. Nunca se conoció un informe de Brizuela y Doria sobre el uso de los recursos públicos, menos que menos una denuncia de irregularidades. ¿O no los hay?
Desde hace dos años, por la oposición está José Antonio Martínez, chileciteño y abogado con amplia experiencia en la gestión de gobierno en los tres poderes y ex asesor en la Cámara de Diputados de la Nación del entonces diputado Felipe Álvarez que lideró uno de los espacios opositores más fuertes por eso accedió al Tribunal de Cuentas. Si hay corrupción en la provincia está más que capacitado para detectarla, pero ni cuando Álvarez fue candidato a gobernador mencionó o denunció algún caso concreto más allá de generalidades.
La corrupción debe ser denunciada con hechos, pruebas, documentos, evidencias no con acusaciones al voleo. Investigar, denunciar y sancionar es la tarea, no utilizarla como estrategia para imponerse en una elección o instalar un modelo económico o perseguir a los militantes para erradicar otras ideologías.
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