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El costo de la energía según se mire ¿bien social o económico?

25/03/24

EDITORIAL. Un debate necesario y ausente -por la suba de las tarifas eléctricas-, debe considerar si la energía es un bien social o un bien económico.

Considerarlo bien económico -pagar un precio por usarla- se contrapone con las necesidades de millones de personas que no acceden a alimentación, vestimenta, vivienda, educación, salud, por el costo de la energía. Mucho menos a un celular, internet, viajes, turismo, electrodomésticos, medicina avanzada, deportes, cultura etc, y tiene que resignarse a una vida de subsistencia extrema.

Se podría decir que no todos esos servicios son de necesidad imperiosa, pero habría que tomar un ejemplo significativo: Hoy un corte de energía, 40 grados a la sombra y 80 por ciento de humedad; diez, quince minutos, media hora, a la siesta o a la noche detiene los aires acondicionados y desata una andanada inmensurable de críticas, a EDELAR distribuidora del servicio y al gobierno provincial.

¿Es acaso el aire acondicionado una necesidad superlativa para las altas temperaturas de La Rioja? ¿Algún usuario está dispuesto a resignar su uso? ¿Hace el aire acondicionado a la calidad de vida? Una de las peticiones de alumnos del Colegio N°1 que cortaron la calle fue por ventiladores o aires acondicionados, sin embargo, en las redes les recordaron que hace 30 años estudiaron sin ese aparato y hasta culparon a los jóvenes de no cuidar los bienes (esto último es otro debate como cortar la calle en plena vigencia del Protocolo de Bullrich).

El costo para la generación, transporte, distribución y comercialización -dicen las empresas energéticas- es muy alto, por eso gobiernos de corte popular como el peronismo frenan suba de tarifas y subsidian. Ahora Javier Milei -anarcocapitalista y neoliberal- los cortó con enorme impacto en facturas de los y las usuarias riojanas y mucho más en la producción agrícola que extrae aguas subterráneas para riego con bombas eléctricas. Lo mismo el agua de consumo que se extrae de perforaciones.

Apenas se anunció el nuevo costo de energía, los medios de comunicación y organismos oficiales centralizaron el debate en cómo calcular la nueva boleta si por 3 o 4 veces más, en qué nivel califica según ingresos, en cómo leer una factura de la luz; cómo ahorrar energía; cuántos kw gasta, cuál es el promedio de consumo; cuánto vale el cargo fijo, la energía activa según el lavarropa, heladera, computadora, plancha, caloventor, ventilador, estufa, etc. etc., encendidos. Mejor no hablar de comercios, PyMES, cooperativas, industrias, fincas, etc etc. Ahí sí, multiplicado por tres o cuatro. De ahora en más, las empresas tras quedarse sin subsidios -se calcula que el Estado aportaba el 50% de los costos, el otro 50 los usuarios- subirán precios al ritmo de la inflación y la devaluación con tarifas dolarizadas. Todo lo que sube vale en sus cuentas.

El ministro Caputo fundamentó la reducción en que “el Estado sostiene artificialmente precios bajísimos” que “tenemos precios reprimidos pagando entre la mitad y una quinta parte de su valor real”. Así, agregó “engañan a la gente haciéndoles creer que les ponen plata en el bolsillo. Pero como todos los argentinos ya se habrán dado cuenta, estos subsidios no son gratis, sino que se pagan con inflación”. Las fundamentaciones del super ministro aparecen casi justificadas, incluso aceptadas por las mayorías, coincidentes con un sinceramiento de precios. Son quienes están de acuerdo con que la provisión y satisfacción de necesidades es responsabilidad individual, y que cada familia u hogar se someta a las lógicas del mercado, es decir al costo real, en este caso de la energía.

No todas las miradas son iguales y la suba de tarifas atenta contra bienes esenciales y otros productos y servicios que hacen a la calidad de vida y que provienen de la cadena productiva de la energía, un conjunto articulado de actividades laborales, técnicas, económicas y financieras que generan información, mercancías, capital, tecnología, marketing, etc con destino final al consumidor, incluso su propio trabajo y hasta la generación de más puestos laborales.

¿Se romperá esa cadena productiva? ¿Podrá el sector agrícola, ganadero, comercial, industrial, financiero, educativo, economía solidaria, PyMES, pequeños productores, emprendedores de La Rioja mantener el potencial laboral? Si no se sostiene, seguramente afectará, no solo la subsistencia alimentaria y la salud, también fuentes laborales, el trabajo de riojanos y riojanas porque el costo de la energía pone en duda la continuidad de la cadena productiva.

Además de ver a la energía como bien social y económico, hay otros enormes factores que influyen como exigencias del FMI para aumentar tarifas, deudas de las provincias con la empresa que vende la energía (CAMMESA), deudas del gobierno actual y los anteriores; uso de hidrocarburos para generar, escasos avances en las alternativas solar y eólica; una crisis por futura falta de electricidad en el mundo que hará rediseñar alternativas de generación y uso, etc.

Aún en ese contexto, los beneficios en la calidad de vida hacen que no solo deba medirse como bien económico. Hay un bien social por defender y es responsabilidad de todos, del Estado y de las empresas energéticas. Del Estado, sincerando orientación de los subsidios, transparentando destino de fondos (al usuario y no a las empresas por ejemplo) y, de las empresas energéticas porque los balances económicos de las compañías como Pampa Energía (compró el Parque Eólico Arauco II), Central Puerto, AES y SADESA (del grupo Caputo) entre otras figuran en la Inspección General de Justicia (IGJ), en la Comisión Nacional de Valores (CNV y otros organismos con abultadas rentabilidades, son las mismas que presionan a los gobiernos para hacerse de negocios, concesiones o licitaciones; están entre las recomendadas para inversiones o compra de acciones y mejores cotizadas en el país y el mundo. Tan mal no les va con y sin subsidios.