Organizar los excluidos es parte necesaria de la inclusión
Cuando se analiza la realidad social y estatal de la región, vemos características comunes en Latinoamérica que parecen exacerbarse en la provincia, por ejemplo el promedio de empleados públicos en relación a la sociedad en la región es del 4,1% (O´Donell-Ozslak), siendo en La Rioja mayor de 16%, sin contar este último dato, con una buena parte de precarizados que también se vinculan al Estado laboralmente.
En líneas generales Latinoamérica es percibida como una región de grandes estados, pero de débiles burocracias (Koldo Echeverría) que ante la emergencia de verse en la necesidad de reconstruirse luego de los procesos dictatoriales adoptó mecanismos degenerativos de su propia institucionalidad, identificados por G. O´Donell en lo que él llama, democracia Delegativa, como el híper-presidencialismo, por ejemplo, esta preeminencia del poder ejecutivo con un halo de caudillismo que se mostró como necesario para “reconstruir” la región, pero a su vez ejerció poder con una enorme flexibilidad institucional.
En la provincia esa flexibilidad es palpable, la discrecionalidad con la que se toman las grandes decisiones estatales es una profundización incluso, de esta marca que caracteriza a la región. Aquí el poder legislativo en el orden provincial funciona como un refrendador de actos del ejecutivo, en el orden municipal suele mostrar al menos algunos calores discursivos producto de la disputa capitalina por la autonomía municipal colisionante con el deseo de dominación provincial, que se impusiera en los otros 17 departamentos de La Rioja.
Los mecanismos ausentes de rendición de cuentas no solo se limitan a la adicción de los poderes legislativo y judicial al preminente ejecutivo (Spiller y Tomassi), sino que este es otro efecto de la flexibilidad institucional regional, que produce en el ámbito de la administración pública efectos que disminuyen su capacidad de resolución de problemáticas y autonomía del poder político de turno, características que hacen a un aparato burocrático comprobadamente funcional.
Otro elemento transversal en la región es la desigualdad social y la pobreza, durante la década de 1990 la sociedad produjo sendas expresiones organizadas de descontento ante la situación que se agravaba, así asistimos en el país a muchas movilizaciones en la segunda gestión del presidente comprovinciano, las divisiones de la representación sindical, la emergencia de movimientos sociales, etc. Que parecían pasar de un estado de latencia a uno de ebullición (Erik Hobsbawn) cristalizado pos 2001.
Los aparatos burocráticos del país quebrados por la crisis flexibilizaron aún más su estructura de resolución de problemáticas sociales y prestación de servicios, aumentó la dependencia estatal, el clientelismo, así como la conflictividad social. Era natural que programas de asistencia cubrieran funciones estatales en salud, educación y seguridad por esos años, algo que no está del todo extinto.
Hipertrofia Estatal
La nueva etapa suma una contradicción más, el corrimiento de EEUU de la región, el ingreso de comodities orientales, nuestra dinamización del sector agroindustrial y el vuelco del crecimiento económico al consumo marcaba un camino de salida real y duradera de la crisis, pero esto en base a la flexibilidad impuesta en las etapas anteriores lo que produjo es una hipertrofia administrativa (O´Donell-Ozslak), es decir, se resolvían los problemas con eficiencia circunstancial en un marco de que incluso llegaba a ser clientelar (K. Echeverría).
Esta hipertrofia o funcionamiento con crecimiento degenerativo tuvo una interrelación muy especial con la sociedad civil con movimientos principalmente, como articuladores de políticas públicas, gerencistas de recursos del Estado y síntesis de demandas colectivas. La inclinación de esta vinculación es hacia un gobierno de cercanía haciendo tangible al estado a través de esta nueva función de las organizaciones.
Una burocracia integradora para incluir
Aclarando que la emergencia de estos actores estuvo vinculada principalmente a la desigualdad es que se debe destacar que los mecanismos de la economía social constituidos históricamente paralelamente al Estado se hicieron insuficientes, la cooperativa tradicional bajo el concepto del asociativismo parecía colisionar con el avance del paradigma neoliberal y aquí surge una nueva denominación, la economía popular, integradora de la social pero alejada de los condicionamientos de la arquitectura institucional que continuaba excluyendo, aun dentro del asociativismo.
En otras palabras, el capitalismo coopta toda institución contraria a su lógica y la versión neoliberal de éste disminuyó los efectos otrora crecientes de las herramientas de la economía social. En este marco, la economía popular, que cobra fuerza simbólica con la construcción simbólica de ella que hacen distintos actores de la sociedad, como el Papa Francisco, los movimientos sociales, las universidades y en algunos pocos lugares, el Estado es el paradigma económico de la inclusión.
En este marco la burocracia que participe integralmente de la economía popular debe entender que no es excluyendo a las organizaciones sociales donde se obtendrá mayor eficiencia. El reconocimiento de las incapacidades de las administraciones públicas latinoamericanas produjo una interacción de actores alrededor de la economía popular a la que le falta mucho desarrollo y pensamiento, pero esto no es en soledad, de lo contrario caeremos nuevamente en la complicidad con un sistema destinado a cooptar toda herramienta de inclusión para perpetuar su lógica egoísta de excusión.
Por Javier Luna – Analista político