Nación impulsaría auditores en universidades nacionales para controlar créditos
A través de la Sindicatura General de la Nación (Sigen), el Gobierno nacional impulsaría la designación de auditores en las universidades nacionales, sobre todo, con la mirada puesta en el control de los créditos. Varias casas de Altos Estudios insistieron en rechazar a cualquier intervención que afecte su autonomía..
La Universidad Nacional de La Rioja (UNLaR) cerró un año “difícil, complejo y de luchas”, al decir del rector Fabián Calderón en su mensaje antes del receso. Apenas avanzadas unas semanas, éste que comienza plantea un recrudecimiento de ese panorama. La preocupación es compartida por muchas de las 57 universidades nacionales repartidas en el país.
La casa de estudios riojana manifestó en reiteradas oportunidades que “el presupuesto designado no es suficiente para responder a las necesidades”, dado que los fondos previstos por el Gobierno nacional en el Presupuesto 2019 no habrían cubierto el total de los gastos de funcionamiento.
Ahora, según adelantó el diario La Nación, a partir del decreto 72/2018 firmado por el presidente Mauricio Macri, la Jefatura de Gabinete solicitó a la Sindicatura General de la Nación (Sigen) que avance en el nombramiento de auditores en las universidades nacionales. El propósito sería ajustar el control sobre unos 123 mil millones de pesos previstos en créditos a ser distribuidos entre las instituciones públicas.
“Las universidades tienen un presupuesto gigante y no están siendo auditadas como el resto del Estado. No queremos afectar su desarrollo. Tienen autonomía presupuestaria y de administración, pero eso no implica que no sean controladas, porque manejan fondos públicos", dejaron trascender a ese medio nacional fuentes oficiales. Los quebraderos de cabeza, en definitiva, continuarán, atravesando un año electoral.
Amparos y resoluciones
Por su parte, algunas universidades no tardaron en reaccionar. En realidad, reiteraron un posicionamiento que vienen manifestando desde que la Sigen activó su rol de remover y designar auditores en distintos organismos apoyándose en el decreto. En septiembre desde la UNLaR dieron a conocer el resultado de “una acción judicial de amparo, con una medida cautelar” que plantearon a raíz de un detalle en la designación del auditor correspondiente, Gerardo Sánchez Volpini, efectuada por el rector en uso de sus facultades. La Sigen se habría atribuido la función de “confirmarlo” a través de una resolución. Con celeridad, el Juzgado Federal de La Rioja hizo lugar a la medida cautelar solicitada, restando resolver la cuestión de fondo. Los detalles, dada la tensa situación imperante, se tornan cuestión de peso.
El secretario Legal y Técnico, Gabriel García Cruz, aclaró en esa oportunidad que “esto no quiere decir que no haya controles, todo lo contrario, justamente el Ministerio de Educación de la Nación, al aprobar el Estatuto está aprobando el sistema de control interno conforme a la Ley de Educación Superior, lo que quiere decir que, designado y autorizado, tanto el auditor como la Unidad de Auditoría Interna de la universidad, esta debe vincularse con la Sigen”.
El funcionario amplió que “el sistema de control interno está absolutamente regulado, tanto a nivel nacional como interno por la universidad y otro control externo que está a cargo de la Auditoría General de la Nación (AGN), ese es el control externo que tiene el Congreso de la Nación con respecto a este tipo de actividades”.
El embate por lado del Gobierno nacional no dio señales de detenerse, si se tiene en cuenta la versión publicada por el matutino porteño este domingo. La reacción por parte de las universidades tampoco se detiene. Se aguarda a que unas se sumen a las presentaciones judiciales, mientras otras ya emitieron resoluciones internas rechazando a los auditores nombrados desde la Sigen.
Al respecto, Miguel Mouriño, subsecreatario de Asuntos Jurídicos de la Universidad de Buenos Aires (UBA) aclaró al diario digital La Política Online que “desde la reforma del '94 que las universidades tienen autonomía. Uno de los propósitos fundamentales de esa reforma fue desvincularlas del control del Ejecutivo. El control externo está a cargo de la AGN, pero nunca puede estarlo de la Sigen que depende del Gobierno". Sucede que la AGN es un organismo que funciona en la órbita del Poder Legislativo.